28/04/09 0:00
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LAURA MOYÀ El regidor de Mobilitat del Ajuntament de Palma, Joaquín Rodríguez, explicó ayer durante el pleno la línea de trabajo que Cort quiere llevar a cabo para que su aportación económica al proyecto del tranvía sea mínima. La propuesta pasa por «considerar como contribución el valor de los terrenos cedidos», según Rodríguez. Es decir, el trazado del tranvía, que discurrirá por suelo municipal, se contabilizará como aportación. Así, el Consistorio pretende que «la carga recaiga en el Govern y en el Gobierno» y no en el ayuntamiento.

El edil apuntó esta actuación durante una proposición planteada por Carlos Veramendi, del grupo municipal del PP, en la que se pedía al Ajuntament que se replanteara el proyecto del futuro tranvía de Palma. La iniciativa fue rechazada por el equipo de gobierno. El regidor de UM Miquel Nadal aseguró durante el debate que «el tranvía como idea no es malo», pero que «no sería adecuado que los ciudadanos» tuvieran que pagarlo. «No estaremos de acuerdo con el tranvía si el Gobierno no lo financia al 100 por cien», dijo Nadal.

Otro de los temas que también se trató durante el pleno fue la ubicación definitiva del Servei d'Acollida de Promoció Sociolaboral (SAPS). La regidora de Urbanisme, Yolanda Garví, dio a conocer, tras una pregunta oral formulada por el grupo municipal del PP, que el Ajuntament ha recuperado la idea de situarlo en un solar ubicado a unos pocos metros de donde se encontraba el albergue de transeúntes de Can Pere Antoni, en la calle Joan Maragall y ante el Palau de Congressos.

Cort continuará con la modificación puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) para cambiar el uso del solar del Portitxol que se barajaba como ubicación definitiva hasta ahora. En relación a la otra posibilidad, ahora se podría ejecutar gracias al 'decreto Nadal', que permite simultanear los trabajos de urbanización y edificación. Antes, no podían llevarse a cabo de forma conjunta, por lo que hasta que no finalizaran las obras de la Façana Marítima no podía empezar a construirse el SAPS. Para poder decidirse, se elaborarán dos anteproyectos, uno para cada solar, y, después, se escogerá.

La familia Cortés, propietaria de una de las viviendas de Son Anglada situadas en suelo rústico, acudió al pleno para recordar la situación en la que se encuentran. Àngel, el representante de la familia, preguntó qué pasará con las 10.000 casas ilegales que Cort ha contabilizado. «¿Por qué tiene que pagar una familia en concreto, tras una denuncia? Si tiran todas las casas, les aplaudiremos», dijo. Yolanda Garví recordó que el caso de Son Anglada no es uno de los que podría legalizarse. En relación a las 10.000 viviendas ilegales, afirmó que «la solución no pasa por derribarlas» y sí por «buscar nuevas soluciones».