P. Candia14/05/09 0:00
TW
0

El Govern de Francesc Antich ha fijado en 121 millones de euros el coste de una hipotética nueva planta judicial en Balears, que sólo vería la luz en un plazo mínimo de 15 años y siempre a expensas del dinero que pueda aportar la propia comunidad, ya que «está absolutamente descartada» la ayuda de Madrid, según admitió ayer el conseller de Presidència, Albert Moragues. «Si le pedimos 120 millones de euros al Gobierno, la reunión no dura más de medio minuto», dijo Moragues, que presentó el estudio «Análisis y evaluación de los edificios adscritos a la Administración de Justicia de les Illes Balears», junto a la directora general de Justicia, Sandra Capllonch.

La reforma incluye la adquisición de seis edificios nuevos -en Palma, Manacor e Inca, en Maò y Ciutadella y en Eivissa-, así como la reforma de uno en la capital menorquina y tres más en la mallorquina.

El estudio propone además reducir el número de edificios para pasar de los 26 actuales a 13, pero ampliando la superficie global de los más de 54.000 metros cuadrados que tiene en estos momentos a casi 93.000.

Moragues dijo que el Govern tiene la intención de reducir el número de edificios judiciales en régimen de alquiler, que pasarían de 15 a 1.
Ha indicado que se ha creado una hoja de ruta con los pasos a seguir para llevar a cabo estos cambios, que tendrían que realizarse en «un mínimo de 15 años», ha apostillado.

Los 121 millones de euros fijados por el Govern en la reforma de la planta judicial casi triplica la cantidad acordada inicialmente con Madrid para el traspaso de las competencias de Justicia a Balears, que asciende a 54 millones.

Moragues ha añadido que no aceptará el traspaso de las competencias si no se lleva a cabo la reforma del edificio del Palacio de Justicia de Eivissa, cuya situación ha calificado de «infumable». Los resultados de este informe han sido enviados al Ministerio de Justicia, para que conozca la situación real de Balears.

En Palma, el Govern propone mantener el Palau de Justicia como sede del TSJB y habilitar dos nuevos edificios, uno para la Audiencia Provincial y otro para la juridiscción penal.

También, incide en la necesidad de «mantener los edificios existentes en propiedad y reorganizar funcionalmente el servicio tratando de no separar órganos de la misma jurisdicción en edificios diferentes».