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LAURA MOYÀ

Racionalizar el uso del suelo industrial a través de una modificación puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU). Ésta es la iniciativa que la alcaldesa Aina Calvo y la regidora de Urbanisme, Yolanda Garví, presentaron ayer a patronales, sindicatos y constructores.

De momento, el Ajuntament ha suspendido de forma cautelar las licencias de aquellas obras que superen las tres alturas, tengan una edificabilidad mayor a la que se permitía en 1998 y no prevean que el 50 por ciento de la actividad sea industrial. Es decir, las zonas llamadas 'M', que tienen unas excepciones que introdujo en 2004 el anterior equipo de gobierno, del PP.

La previsión es que la suspensión puntual se apruebe en el pleno de junio, aunque tendrá carácter retroactivo (en concreto, tres meses desde el momento de su visto bueno). Según Garví, en 1998 «el principal uso del suelo era industrial y, además, existían unos parámetros que limitaban la edificabilidad y el número de alturas». Unos parámetros que en 2004 se eliminaron y que, para la regidora de Urbanisme, «alejaron a las pequeñas y medianas empresas de los polígonos porque se encareció el precio del metro cuadrado». «Con el cambio de 2004, se incrementaron la edificabilidad y los usos, lo que ha hecho que los servicios no estén dimensionados y haya una carencia», que va desde falta de aparcamientos hasta problemas de alcantarillado.

Para la alcaldesa, el principal objetivo de la modificación del PGOU es «establecer unas reglas» que permitan «racionalizar el uso del suelo industrial». «Queremos eliminar los excesos». La reunión de ayer sirvió para informar a los sectores implicados de la decisión adoptada por Cort. A partir de ahora, empezará la «negociación política» para cerrar el acuerdo. Calvo recordó que la suspensión «sólo afectará a las zonas 'M'», con lo que se busca «evitar la parada total», sobre todo en la actual «situación de crisis». «Hay que dar otro sentido al suelo industrial para que vuelva a tener su carácter original», resumió Calvo.

La modificación afectará a todos los polígonos que se encuentran en Palma. Tanto la alcaldesa como Garví afirmaron que se intentará que el proceso «no se alargue en exceso» y que se buscará «el máximo consenso». Calvo también recordó que el acuerdo de gobernabilidad firmado entre las diferentes fuerzas políticas que integran Cort incluía el cambio. En el pacto se acordó «devolver al suelo industrial su uso inicial de almacenaje, transformación de materias primas y distribución de mercancías en los polígonos» y, también, «eliminar la última modificación de la normativa que aumentó la edificabilidad».