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El primer día de aplicación de los descuentos anunciados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para incentivar la adquisición de coches, ha confirmado la improvisación de esta medida anunciada de manera unilateral en el pasado debate sobre el estado de la nación. En la calle la confusión es la nota predominante ya que los concesionarios no saben cómo gestionar las ayudas "hasta un máximo de 2.000 euros de los que la mitad se reparten entre el Gobierno y las autonomías y el resto lo aportan los fabricantes" y los eventuales compradores, pocos en la jornada de estreno, que se mantienen expectantes ante la disparidad de situaciones que se han generado: autonomías que rechazan por ahora dar su aportación de 500 euros, como es el caso de Balears, otras que lo tienen en estudio mientras en la comunidad vecina ya se aplica o, por último, otras que incluso están dispuestas a mejorar los planes gubernamentales.

El principal error que ha generado esta fenomenal ceremonia de la confusión, provocada por una propuesta de dudosos efectos incentivadores en el mercado del automóvil, lo cometió el propio presidente. El Gobierno no puede comprometer de este modo a las autonomías sin antes alcanzar un acuerdo previo sobre su financiación. En este sentido es lógica la reacción de la consellera Vives, titular de Comerç i Indústria, que apela a la incapacidad presupuestaria de Balears para sumarse al golpe de efecto propiciado durante el debate parlamentario por Rodríguez Zapatero. Por tanto, al menos de momento, en las Islas sólo se podrá acceder a un máximo de 1.500 euros de descuento en la adquisición de nuevos vehículos. Otra manera de discriminar a los ciudadanos de Balears.