La juez instructora del 'caso Can Domenge', que investiga una querella criminal del Grupo Nuñez y Navarro contra el anterior equipo de gobierno del Consell de Mallorca por adjudicar ese solar palmesano por 30 millones de euros, la mitad de lo que supuestamente ofrecía la empresa catalana, ha remitido un oficio a la Agencia Tributaria para que informe sobre el precio oficial de esos terrenos.
En el oficio, la titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, María del Carmen González Miró, pide a Hacienda que el precio que fije del solar tenga en cuenta su valor total, incluyendo las cesiones obligatorias.
También, la juez solicita a Hacienda que junto a los informes aporte documentos con base a los cuales se puedan conocer las variaciones del precio del suelo por el transcurso del tiempo y las fórmulas utilizadas para aplicar al caso concreto esas variaciones.
En el oficio, la juez comunica a la Agencia Tributaria que le remitirá las tasaciones efectuadas por Ibertasa, que valora los terrenos en 52'7 millones de euros (cantidad que no tiene en cuenta las cesiones obligatorias a la administración), ni otra realizada por Tinsa de otro solar valorado en 5'3 millones, al tratarse de valoraciones «efectuadas extraprocesalmente por tasadores oficiales», señala el documento judicial.
Al parecer, tasaciones de entidades bancarias habrían fijado el precio del solar de Can Domenge entre 40 y 45 millones de euros. La providencia dictada por la juez también da cuenta de la incorporación al sumario del 'caso Can Domenge' de préstamos hipotecarios solicitados por los adjudicatarios del concurso, Sacresa y Pedro Ferrá Tur.
La juez ordenó la práctica de todas esas diligencias a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió, también, la imputación del conseller de Turisme, Miquel Nadal. El presidente de UM, defendido por el abogado Josep Zaforteza, ya prestó declaración el pasado mes de abril.
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