La pasada medianoche comenzó la sexta campaña electoral, desde 1987, de las elecciones europeas en España, unos comicios en los que se decide la composición del Parlamento Europeo, organismo del que poco se sabe a pesar de que gradualmente tiene cada vez más peso específico en la redacción de las normas que rigen la Unión Europea. Una cámara legislativa en la que, que el realismo se impone, sus diputados votan más por afinidad en la defensa de los intereses estatales que por su ideología.
Las elecciones europeas en España se interpretan como un elemento de análisis sobre la opinión de los ciudadanos respecto a la política del Gobierno y la situación general del país, un examen que según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) empatan el PSOE y el Partido Popular en el reparto de escaños. Sin embargo, la gran incógnita de esta votación reside en el porcentaje de electores que el próximo 7 de junio decidirán no acudir a las urnas. La abstención, con toda probabilidad, decantará la victoria en favor de uno u otro partido, pero también servirá de termómetro para medir el grado de escepticismo con el que los ciudadanos asumen el proceso de construcción de la Unión Europea, afectado de bulimia por la desmesurada y precipitada incorporación de nuevos socios.
En clave balear estas elecciones aportan como principal novedad la apuesta, arriesgada, del Partido Popular, que pone en lugar destacado de su candidatura a la presidenta regional, Rosa Estaràs, paso previo para abrir, con su segura marcha a Bruselas, un debate sobre su continuidad en la dirección y como cabeza de cartel en las futuras elecciones autonómicas de 2011.
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