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LAURA MOYÀ Las bases que regularán la relación entre el Ajuntament de Palma y los propietarios del Camp Redó, más conocido como 'Corea', y que permitirán la rehabilitación integral del barrio promovida por el Consorci Riba protagonizaron ayer parte del pleno. Algunos de los vecinos acudieron a la sesión para denunciar falta de información, una crítica que la regidora d'Habitatge, Magdalena Palou, rechazó tras asegurar que desde su departamento se ha mantenido informados a los residentes de la zona.

Las discrepancias también se dieron entre los vecinos. Así, la portavoz de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Rosa Bueno, pidió que se acabara con «la permanente información que asegura que los residentes no tienen información». «Hemos asistido a muchas reuniones en las que se nos han aclarado muchas cosas», dijo Bueno. Soledad Sarabia, presidenta de la Federació Palmesana d'Associacions i Entitats Culturals (Fepae), por su parte, aseguró que las cláusulas que rigen las bases reguladoras son «leoninas» y pidió que se ampliara «el plazo para presentar alegaciones». «Los vecinos se opondrán al contrato porque no han sido llamados ni citados», aseguró Sarabia.

Palou explicó que las bases se han redactado «teniendo en cuenta las 568 entrevistas realizadas por el Consorci Riba a los vecinos del Camp Redó». «En febrero mantuvimos una reunión con la gente del barrio para aclararles el proceso». Palou afirmó que, más adelante, y a petición de algunos de los vecinos, se volvió a reunir con algunos para darles a conocer algunos aspectos del contrato, entre ellos la presidenta de Fepae. Llegado ese momento, y ya en otro punto del orden del día, Sarabia quiso puntualizar a Palou: «Cada vez que me llama mentirosa, más me refuerza. En febrero nunca nos presentó las bases», afirmó. Más tarde, Palou insistió en que se les había comentado parte del contenido de las bases. ¿Cuáles son los aspectos que dividen a parte de los vecinos y al Ajuntament? La cláusula que marca que los vecinos que compraron una casa en el Camp Redó antes de 2005 tendrán que pagar al Ayuntamiento el coste de la reforma si deciden vender la casa antes de que hayan transcurrido 30 años. Según Palou, se ha seguido la misma forma de actuar que cuando se trata de viviendas de protección oficial. El objetivo: «Evitar la especulación».