29/05/09 0:00
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El anuncio unilateral de paralización de las obras de construcción del Palacio de Congresos de Palma, realizada por la sociedad adjudicataria "participada mayoritariamente por el Grupo Barceló" supone la culminación de un proyecto que ya nació viciado desde el mismo momento que contemplaba la posibilidad de edificar en un solar que no era de propiedad municipal. El Ajuntament de Palma, lejos de resolver el concurso, se avino a introducir modificaciones urbanísticas para no paralizar una iniciativa que la alcaldesa socialista Aina Calvo ha presentado siempre como emblemática para la ciudad, y eso a pesar de las más que evidentes irregularidades que implicaba el seguir adelante. Ahora se encuentra frente a frente con la realidad derivada de esta actitud.

Ante el órdago del Grupo Barceló sólo cabe preguntarse qué hará el Ajuntament de Palma, qué decidirá la alcaldesa Aina Calvo, a la que el grupo hotelero reclama un desvío presupuestario a su favor de 30 millones de euros pero sin descontar la aminoración de costes que supone construir un sólo hotel (en el proyecto inicial eran dos) y reducir una planta del aparcamiento subterráneo.

Como respuesta a lo que es un indudable gesto de presión y coacción por parte de la concesionaria del hotel y el Palacio de Congresos sólo hay dos salidas: aceptar y acatar las exigencias del Grupo Barceló bajo la amenaza de paralizar las obras de manera indefinida a partir del próximo 5 de junio o, por el contrario, que sea Cort el que denuncie ante los Tribunales el manifiesto incumplimiento de contrato. ¿Qué hará Aina Calvo? El dilema pone a prueba la solvencia política de la primera edil de Palma, la cual tendrá, como mínimo, que demostrar que es capaz de decidir en libertad y gobernar con independencia y responsabilidad.