El Grupo Barceló ha instado la nulidad del contrato de concesión administrativa del Palacio de Congresos de Palma debido a presuntos incumplimientos de las condiciones de la adjudicación, y ha notificado a la constructora Acciona la paralización de las obras el próximo 5 de junio por un periodo de dos meses, una paralización que podría prolongarse durante «varios años» en caso de que la empresa no alcance un acuerdo con el Govern y el Ajuntament de Palma, y recurra a instancias judiciales, como afirma dicho grupo hotelero a través de un comunicado. Asimismo, pide a la Administración que asuma el sobrecoste de las obras producido por el cambio del proyecto, que asciende a 30 millones de euros.
La empresa mallorquina afirma que las obras del Palacio de Congresos no se pueden ejecutar en las condiciones establecidas en el concurso, por lo que lo convierten en inviable desde el punto de vista empresarial. También destaca los perjuicios generados por el año y medio transcurrido desde la adjudicación del concurso y el inicio de las obras.
El Grupo Barceló, que recuerda que una parte del solar no era de titularidad pública cuando se licitó el concurso, circunstancia que generó que se iniciaran las obras en una situación de irregularidad urbanística, acusa además a la Administración de no haber realizado los pagos de las subvenciones establecidas en el concurso público de la concesión.
La constructora Acciona, que participa en un 5% en la sociedad adjudicataria, confirmó que a partir de hoy comenzará a realizar los trabajos previos dirigidos a paralizar las obras el próximo viernes día 5. La empresa informó de que 15 de las entre 300 y 400 personas que trabajan en la construcción de la infraestructura pertenecen a su plantilla y serán recolocadas de acuerdo con el convenio colectivo. El resto pertenecen a empresas subcontratadas y previsiblemente perderán sus empleos.
La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, afirmó ayer no haber recibido la notificación oficial de la paralización de las obras. Asimismo, dijo que existen razones técnicas y jurídicas que avalan la continuidad de los trámites de las obras, por lo que recalcó la necesidad de garantizar que la construcción «no se pare». Desde Cort se aseguró que no se está cometiendo ninguna irregularidad urbanística, ya que las obras que se están ejecutando cuentan con los pertinentes permisos porque corresponden al proyecto original y no al modificado. Mientras, el Ajuntament está modificando el planeamiento urbanístico para permitir el proyecto, para lo que se marcó un plazo de 22 meses que aún no ha expirado. Ese plazo fue aceptado por el Grupo Barceló.
En un anexo del contrato de concesión de obra de abril de 2008, se afirma que no se puede desarrollar la propuesta en los términos previstos, un acuerdo que rubricaron el Govern, Cort y el Grupo Barceló.
Por otro lado, el presidente del Govern, Francesc Antich, manifestó ayer su voluntad de solucionar los problemas surgidos con la adjudicataria del complejo en una reunión del consejo de administración de la sociedad Palacio de Congresos prevista para hoy, aunque precisó que atendiendo a los contratos en vigor. Antich acusó al anterior Govern del PP de realizar una mala planificación de esta infraestructura, tal y como a su juicio sucedió con Son Espases y el metro de Palma.
Por su parte, el conseller de Turisme, Miquel Nadal, dijo que el Govern y el Ajuntament de Palma intentarán por todos los medios razonables que no se produzca la paralización de las obras, «porque se trata de una obra de interés general».
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