El Parlament tiene previsto aprobar hoy la Ley de Servicios Sociales que garantizará las necesidades básicas de la población balear, aunque en este tipo de iniciativas la clave suele estar en la financiación, algo que no está tan claro. La intención del departamento que dirige la consellera Fina Santiago es, pese a las carencias que pueda sufrir, dotar a la Comunitat de las herramientas que permitan proteger a los segmentos más débiles de la población y eso, en una sociedad avanzada y progresista como la nuestra, es del todo necesario, por lo que deberá contar con el apoyo de todos los sectores.
Para desarrollar estos objetivos, el Govern prevé publicar una Cartera de Derechos Sociales que elevará a la categoría de derechos una serie de servicios que, una vez aprobado el decreto correspondiente, podrán ser reclamados por los ciudadanos que los requieran.
De esta forma, Balears podrá ir contando paulatinamente con una red asistencial propia de un país moderno en la que la población necesitada, vulnerable o en riesgo de caer en la marginación cuente con el apoyo de las instituciones públicas.
El reto será contar con suficientes recursos económicos para dotar de contenido esta nueva ley. Porque a nadie se le escapa que las cuestiones sociales acarrean enormes gastos y requiere, por lo general, de personal especializado y cualificado. La aprobación de la ley deberá, pues, constituir un primer paso para la formación de una auténtica red social que dé respuesta a las necesidades tanto de las personas económicamente débiles como de los mayores, los niños, las mujeres, los inmigrantes, los enfermos y los discapacitados, tal y como ocurre desde hace años en los países más desarrollados socialmente de Europa.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.