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La Conselleria d´Afers Socials del Govern incorporará a la red pública de atención a la dependencia un total de 448 plazas de centros de día y de residencias ya existentes de propiedad municipal. Estas plazas -269 de centros de día y 179 de residencias-, hasta ahora empleadas por personas no dependientes, se destinarán a personas que hayan sido valoradas como dependientes en virtud de los criterios de la Ley de Dependencia.

La consellera d´Afers Socials, Josefina Santiago, y el director general d´Atenció a la Dependència, Juan Manuel Rosa, explicaron ayer que ya se ha llegado a un acuerdo con una serie de ayuntamientos, que, en conjunto, se ahorrarán alrededor de siete millones de euros anuales.

Una única red
De esta forma, el Govern consigue aglutinar la oferta de plazas en una única red y permite que estas plazas supongan un coste cero para los ayuntamientos, a los que se descarga de una competencia que no es suya y que, en consecuencia, tendrán una mayor disponibilidad económica para poder invertir en otros servicios sociales. Y es que, los convenios establecen que el dinero que los municipios se van ahorrar al no tener que costear estas plazas «se quedará en los presupuestos de servicios sociales, con lo que los ayuntamientos tendrán más dinero para inversiones o prestaciones sociales».

Así, si la persona es valorada como dependiente y ocupa una de esas plazas cedidas, el ayuntamiento recibirá un máximo de 40 euros por día y plaza. A esos 40 euros se aplicará el copago, es decir, si por la pensión que recibe la persona le toca pagar 2 euros, el Govern pondrá los 38 restantes. En el caso de las residencias el precio máximo que pagará el Govern será de 65 euros por día y plaza.

Cada ayuntamiento podrá decidir cuántas plazas quiere poner a disposición de la red pública de atención a la dependencia. El municipio se puede quedar un determinado número de plazas, como las que ahora mismo están ocupadas por personas no dependientes, de las que se seguirán haciéndose cargo.