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El Govern aprobó ayer un decreto que extiende a todos los comercios y empresas de atención al público de las Islas la obligatoriedad de disponer de hojas de reclamaciones.

El decreto, aprobado a propuesta de la Conselleria de Salut i Consum, especifica que un cartel, redactado en catalán y castellano (y optativamente en cualquier otra lengua), debe informar de la existencia de las mismas.

La portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló, destacó que a partir de este momento, las hojas de reclamación deberán estar de forma obligatoria en todos los comercios, servicios y ámbitos profesionales que realicen con ánimo de lucro actividades de prestación de bienes o servicios y que estén «arraigadas en las Islas». Por tanto, Barceló detalló que el decreto contempla la misma protección a los usuarios de fuera del territorio de Balears cuando compren productos o servicios de empresas isleñas y, también, a los consumidores de transacciones electrónicas cuando se relacionen contractualmente con empresas radicadas en el Archipiélago, como, por ejemplo, agencias de viajes e inmobiliarias.

En esta línea, precisó que sólo se exceptúan las actividades realizadas por las administraciones «a cambio de una contraprestación de naturaleza tributaria», como es el pago de servicios a cambio de una tasa, puesto que, según recordó, tienen su propia normativa para presentar quejas u otras iniciativas.

Cuando se trate de transacciones telemáticas, las empresas deben anunciarlo en sus contratos y facturas, así como en su página web, mientras que en caso de venta fuera de un comercio, se deben llevar las hojas de reclamaciones para poderlos entregar si así se solicitan.

Para elaborar esta normativa se ha consultado a todas las asociaciones y se ha buscado el máximo consenso.