Alicia Mateos11/07/09 0:00
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«La propuesta económica que nos han hecho es un insulto». Así de contundente se manifestó la presidenta del comité de empresa de Spanair, Eva Marín. Las compensaciones que ofrece la dirección de la aerolínea por los traslados a Barcelona consisten en la contratación de un agente de la propiedad inmobiliaria que ayude a los trabajadores a dejar su vivienda en Mallorca y buscar otra en Barcelona; dos días laborales retribuidos de permiso para gestionar el traslado más una noche de hotel; los gastos de desplazamiento y mudanza, así como el desplazamiento global de toda la familia más dos días laborales de permiso retribuidos. En el caso de aquellas personas que tengan hijos con edad escolar, la dirección de Spanair solicitará a la Generalitat que facilite la localización de centros educativos próximos al lugar de residencia.

Sin embargo, desde el comité de empresa exigen compensaciones económicas, ya que el 80% de los trabajadores que la empresa pretende trasladar cobran entre 850 y 1.100 euros. «Con estos sueldos no pueden irse a vivir a Barcelona, aunque quieran hacerlo», justifica Marín. Por ello, asegura que si durante las reuniones que mantendrán la próxima semana, la empresa no cede y ofrece compensaciones económicas «estableceremos un calendario de huelga».

La presidenta del comité de empresa de Spanair asegura que el traslado de los trabajadores de Palma a Barcelona es un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto. En concreto, el traslado afecta a 382 trabajadores de Palma y a 13 de Madrid y se realizará en tres fases. Al final del proceso, en Palma quedarán 106 trabajadores, mayoritariamente del call center, así como un número de mecánicos aún por determinar. La primera fase comenzará el 15 de septiembre; la segunda el 1 de marzo; mientras que la tercera se prevé que sea a mediados de 2010, cuando se construya el hangar de Barcelona. En cada una de las fases se trasladará a un 30% de los trabajadores. Además, han prorrogado el alquiler del edificio de la compañía en Palma un año, hasta el 31 de diciembre de 2010.

Marín asegura que un 80% de los trabajadores que la empresa pretende trasladar no podrán aceptar, ya que cobran menos de 1.000 euros al mes. Los que no acepten el traslado serán despedidos y recibirán 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades; mientras que el comité de empresa exige 45 días por año trabajado.

Los consellers de Treball y Mobilitat, Joana Barceló y Biel Vicens, respectivamente, se reunirá el próximo jueves con la dirección y el comité de empresa de Spanair con la finalidad de que puedan quedarse en Palma el máximo posible de trabajadores.