La mayoría de los vocales del Consejo Fiscal se han mostrado contrario a la avocación por parte del fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, del llamado 'caso Matas', que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ex president Jaume Matas. Barceló, una vez que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, había denegado la prórroga en las investigaciones se atribuyó la potestad de decidir si archivaba las diligencias o, por el contrario, les daba traslado al juez. Un buen número de los integrantes del Consejo Fiscal consideran que esta decisión la deben tomar los dos fiscales de han dirigido las investigaciones, Juan Carrau y Pedro Horrach.
La decisión del Consejo Fiscal es un episodio más del 'caso Matas' que, en esta ocasión, evidencia la 'rebelión' de los fiscales contra la asunción de Barceló sobre el pronunciamiento respecto al futuro de las relaciones de la justicia con el ex president. El asunto no está cerrado, toda vez que Conde-Pumpido se ha comprometido a estudiar las diferentes opiniones jurídicas, no vinculantes, vertidas en el debate del Consejo Fiscal para decidir si se mantiene la avocación del caso en favor de Bartomeu Barceló o éste vuelve a manos de Carrau y Horrach.
Frente a la ciudadanía puede resultar incomprensible que después de una investigación de seis meses sobre el patrimonio de Jaume Matas no sea posible determinar la existencia o no de indicios de delito, cuestión de fondo de todo el 'caso Matas'. En esta tesitura parece lo más razonable -incluso había reclamado el propio Matas poder declarar en diversas ocasiones- que sea un juez el que decida de un modo imparcial y a la luz de las pruebas y testimonios qué hay de cierto y qué hay de falso en todo este tema.
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