Miguel Romero, propietario de la agencia de publicidad Nimbus, declaró ante el juez que instruye el 'caso Espada', José Castro, que había abonado a Jorge Moisés, gerente del Consorcio que promovió la construcción del Palma Arena y también imputado, comisiones que oscilaban entre el 3 y el 8 por ciento como manera de corresponderle por la adjudicación de proyectos sin respetar los procedimientos administrativos. Por su parte, el entonces gerente del Consorcio negó ante el juez este extremo y aseguró que «sólo» mantenía contactos «puntuales» con Romero y que nunca cobró comisiones.
El empresario publicista reconoció que entre los años 2004 y 2007 facturó al Govern trabajos por valor de 1'8 millones de euros, y que todos habían sido objeto de un procedimiento administrativo, pero para eludir la licitación pública «en un par de ocasiones» se había fraccionado el importe total de la adjudicación entre varias empresas de su propiedad para que cada una asumiera el servicio por importe ligeramente inferior a los 12.000 euros que marca como límite la ley. Miguel Romero aseguró ante el juez que en una de esas ocasiones, relacionadas con el mundial de ciclismo, fue Jorge Moisés quien planteó el tema a Jane King, entonces directora general técnica en Vicepresidencia del Govern, y lo consultó a su vez «con alguien», y «se hizo así».
Romero reconoce que de la adjudicación de proyectos por esta vía a Nimbus tenía conocimiento también el entonces director general de Esports, Pepote Ballester, pero le desvinculó por completo ante el juez respecto a que estuviera al tanto de que Moisés cobraba comisiones. Romero aseguró ante el juez que nunca mantuvo una conversación con Ballester en la que se tratara el pago de comisiones, declaró que abonaba el dinero al gerente del Consorcio «cuando podía» y enmascaraba esas comisiones en la contabilidad de sus empresas con facturas de restaurantes o desplazamientos.
En cuanto a las diferencias abismales detectadas por Fiscalía Anticorrupción entre los gastos reales de viajes vinculados al Palma Arena y los facturados, Romero asegura que él no decidía quién tenía que viajar, que lo decidía Moisés o los arquitectos García Ruiz, y que en la mayoría de esos viajes iban o Moisés o Ballester, y que él se limitaba a cargar los costes a la empresa de los hermanos García Ruiz.
Campaña electoral
Asimismo, Romero reconoció ante el juez que parte de los gastos de la campaña electoral del PP de las elecciones locales y autonómicas de 2007 que fue encargada a Nimbus fueron abonados en «dinero negro» por el partido que presidía Jaume Matas, por un importe algo superior a los 70.000 euros, pero aseguró ante el juez que no sabía si ese dinero procedía o no de las comisiones que supuestamente cobraba Moisés o de partidas presupuestadas por el Consorcio al Palma Arena.
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