La querella criminal presentada por los fiscal Pedro Horrach y Miguel Àngel Subirán hace un año y que, una vez admitida, marcó el inicio de la instrucción del 'caso Palma Arena', se fundamentaba en una serie de indicios incriminatorios.
En primer lugar, la querella destacaba la inexistencia del procedimiento administrativo que amparara y justificara las modificaciones sucesivas en los contratos adjudicados.
Es un claro ejemplo la construcción de la cubierta del velódromo. Adjudicada por 5.914.778 euros, se han acabado pagando 17.968.628'980 euros. Es decir, que hubo más de 12 millones de sobrecoste, sin ningún tipo de justificación.
El segundo indicio encontrado por el Ministerio Público fue la ausencia del procedimiento administrativo que amparara el contrato de los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz. Los hermanos serían contratados por más de ocho millones y medio de euros después de la destitución de Ralf Schürmann, autor del proyecto. En su contratación no se siguió el procedimiento que marca la ley para las administraciones públicas.
Finalmente, la Fiscalía señaló como indicio la desproporción entre el coste inicial de la obra y lo que se pagó al final. No en balde, a partir de un presupuesto que no llegaba a 48 millones de euros se acabaron abonando 79.905.905'80.
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