El 'caso Palma Arena' y el 'caso Funeraria' han dinamitado de lleno la carrera política de Rafa Durán, portavoz hasta ayer del PP en el Ajuntament de Palma. Durán, que sustituyó a Catalina Cirer como jefe de la oposición, ha sido protagonista de dos casos de supuesta corrupción que han marcado la vida política en Balears en los últimos meses.
La compra de una tumba por parte de la familia de Durán al ex gerente de la Funeraria, Óscar Collado, obligó al portavoz del PP en el Ajuntament de Palma a dar explicaciones ante la Fiscalía. Durán tuvo que explicar qué pagó por la tumba y declaró ante los fiscales que no guardaba la factura de la adquisición, ya que se había producido un robo en casa de sus padres. La documentación desapareció con el robo. La declaración de Durán por el 'caso Funeraria' fue como testigo, no como imputado.
Sin embargo, la participación de Durán como presidente del Consorcio del Palma Arena sí ha tenido importantes consecuencias políticas y judiciales para el político del PP. Detenido en el despacho del grupo municipal del PP, Durán pasó 72 horas en los calabozos de la Policía Nacional y otro día en los juzgados. Durán tuvo que pagar una fianza de 15.000 euros para poder salir en libertad tras ser acusado de un supuesto delito de prevaricación.
En su declaración ante el juez Castro, Rafa Durán reconoció que no tenía ningún poder ejecutivo en el consorcio. También admitió que ni siquiera leyó el contrato por el cual los arquitectos García Ruiz cobraron algo más de 9 millones de euros por el diseño y dirección de obra del velódromo.
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