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La gerencia de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) autorizó, durante el Gobierno de Jaume Matas, el pago de facturas 'irregulares' por un coste total de 45.364'15 euros a un trabajador de la empresa pública por unos trabajos de informática extras.

En total son siete facturas, ninguna de ellas superior a los 11.000 euros, en las cuales el trabajador, que al mismo tiempo es miembro del actual comité de empresa, reclamaba el pago por trabajos informáticos y en el servicio de megafonía de las estaciones y vagones del tren y el metro de Palma.

Las facturas, de las que no consta ninguna tramitación administrativa y no tienen ninguna base contractual, fueron presentadas directamente a la gerencia de SFM, ocupada en aquellos momentos por Rafel Pons, que fue quien autorizó los pagos.

La actual gerencia de SFM no tiene constancia de que el trabajador y sindicalista, Pelayo Carrasco, tuviera reconocida la compatibilidad para poder llevar a cabo su trabajo en SFM y, al mismo tiempo, realizar y facturar los trabajos extras.

Trabajador
Puestos en contacto con Pelayo Carrasco, trabajador de SFM y miembro del comité de empresa, éste sostiene que su actuación, en todo momento, «es legal» y reconoce haber presentado facturas, pero no por más de 45.000 euros, sino por aproximadamente «unos 200.000 euros».

Carrasco insiste en que él paga, aparte un seguro autónomo, y que, de acuerdo con la ley de contratación pública vigente en aquellos momentos él no habría cometido ninguna «ilegalidad» e insistió en que el trabajo realizado no tiene nada que ver con su labor habitual en SFM.