Munar, imputada

Ésta es la primera decisión que toma el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) tras asumir el 'caso Can Domenge' el pasado 8 de octubre por la condición de aforados del conseller de Turisme, Miquel Nadal, y el diputado del Grupo Mixto, BartomeuVicens.

En la providencia dictada ayer, Francisco Javier Muñoz no especifica el o los delitos que imputa a Munar, aunque la juez que instruyó la causa en el Juzgado 12 de Palma, menciona tres supuestos ilícitos penales en el que pudieron incurrir los querellados (todos los diputados del anterior equipo de gobierno del Consell de Mallorca que aprobaron el concurso de enajenación del solar de Can Domenge): prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

El juez también cita como testigos a José Manuel Vich, Helena Montes, Andrés Crespí Prunes, Juan Morro, Miquel A. Serra Mir, Angel Sánchez y Vicente Tomás. También, requiere a Sacresa para que aporte el «Master Plan y estudios previos» para la construcción de viviendas en la finca de Can Domenge confeccionado por los arquitectos Nouvel y Ribas, y requiere a Manuel Estela para que aporte diversos documentos entregados por la entidad Puig d'es Falcó, la igual que a Juan Matamalas, representante de Asescon SL.

La presidenta del Parlament era, desde el principio, una de las querelladas por la acusación particular que ejerce el Grupo Nuñez y Navarro. Pero, sólo desde ayer, aparece en la causa como imputada. El magistrado señala en su providencia que a Munar se le entregará de nuevo una copia de la querella y «se le informará de que puede ejercitar su derecho de defensa personándose en las actuaciones por medio de procurador y abogado».

El 'caso Can Domenge' inició su recorrido en los juzgados como consecuencia de una querella criminal interpuesta por los abogados de Nuñez y Navarro, una de las empresas que se presentó al concurso de enajenación de esos terrenos palmesanos ofreciendo 60 millones de euros, el doble que puso sobre la mesa la UTE adjudicataria del concurso formada por Sacresa y Construcción Ferrás Tur.

La presidenta del Parlament no firmó el decreto que aprobó el concurso, el 30 de diciembre de 2005, debido a que se encontraba convalesciente de una grave enfermedad. En su lugar, estampó su rúbrica Miquel Nadal, quien, según la exposición motivada de la juez de Instrucción 12 de Palma, «estaba al corriente del concurso y había hablado con la empresa adjudicataria meses antes de la publicación oficial del concurso». La conclusión a la que llega la juez es que de las actuaciones practicadas y de la actividad probatoria efectuada «concluimos que existen indicios bastantes de que los imputados se desprendieron de un bien inmueble perteneciente al Consell de Mallorca de muy alto valor, y que lejos de hacerlo en la forma que más se garantizaba el interés público, lo hicieron para satisfacer intereses privados».

Además de inhibirse a favor del TSJB, la juez también impuso una fianza de 38,5 millones de euros al presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer y a las empresas adjudicatarias del concurso con el objetivo de asegurar las responsabilidades pecuniarias por perjuicios».

Por su parte, la mayoría de imputados en el 'caso Can Domenge' ha defendido la legalidad del proceso amparándose en varios informes periciales, entre ellos, el presentado por el catedrático de Derecho Administrativo, Avelí Blasco, que certificó la legitimidad del concurso.

También, han incidido a lo largo de las declaraciones ante la juez en el carácter de «proyecto singular» de la construcción de unas 600 viviendas en ese solar con el objetivo de «evitar acciones especulativas».