Cort, dispuesto a ir a los tribunales para implantar la ordenanza de consumo

Por su parte, el director general de Consum de la Conselleria de Salut, Diego González, reiteró que valora positivamente que el Ajuntament de Palma quiera mejorar la seguridad de los consumidores, aunque puntualizó que «se valorará la validez jurídica» de la ordenanza que se aprobará inicialmente en el pleno de hoy. «Los servicios jurídicos de la Comunitat valorarán si se está incurriendo o no en otras competencias, como hacemos con el resto de municipios», aseveró.

Sin embargo, Borràs consideró que la normativa del Ajuntament de Palma está pensada en la época que predominaban los mercados municipales y la califica de «antigua». Por ello, aseguró que «es lógico que queramos adaptar la normativa a la nueva fisionomía de Ciutat». En este sentido, la regidora de Consum propuso al Govern que los 9 inspectores de Palma amplíen su trabajo a los comercios de Ciutat y los 13 del Govern se destinen al resto de las Islas; esto fue rechazado por el Ejecutivo autonómico. «Hay que dar cumplimiento a lo que dice la Ley, porque si no los procedimientos sancionadores no son válidos. Se trata de sumar, pero de forma ordenada», argumentó el director general de Consum.

Borràs no comparte esta decisión y destacó que como prueba de que el objetivo de la ordenanza no es recaudatorio «ni siquiera recaudaremos el dinero»; la ordenanza prevé que de momento el Govern sea el encargado de hacerlo.

Consumidores, comerciantes, Govern y PP temen que Cort pueda descuidar sus competencias de vigilancia en los mercados, mercadillo, ferias y venta ilegal. Sin embargo, el Jefe del Àrea de Consum de Cort aseguró que tienen tiempo para inspeccionar comercios y reconoció que actualmente «sobra gente porque faltan competencias».