La futura 'ley anticorrupción' del Govern, atascada

Barceló dijo que este proyecto de ley, elaborado por las conselleries de Presidència y de Hisenda, está en manos de los diferentes partidos pero que aún no ha podido llegar a la mesa del Consell de Govern para su remisión posterior al Parlament. Barceló no quiso concretar si, como se había comentado a este diario, era UM el partido que más trabas ponía ante el gran poder fiscalizador que la nueva ley, que Joana Barceló, define como una ley contra la corrupción, otorga a la Conselleria d'Hisenda. Esta ley extrema los controles económicos del gasto y los extiende a empresas públicas y consorcios.

La portavoz aludió a la importancia que el Govern da a esta ley durante una reflexión sobre los diferentes casos de corrupción que están marcando la vida política balear.

Otras legislaturas Preguntada por los diferentes casos, también por una imputación al ex president Cañellas, Barceló mostró su «preocupación», recordó que los casos que ahora ocupan a la justicia son «de pasadas legislatuturas» y enfatizó que se están poniendo las bases para que «no vuelva a ocurrir». Fue en este punto en el que destacó la importancia de la ley del sector público.

Preguntada, como suele ser habitual cada viernes, por el caso del conseller de Turisme, Miquel Nadal (imputado por el 'caso Can Domenge') reiteró que se tomarán decisiones en el caso de que se le aplicaran medidas cautelares.

En relación a la propuesta del Bloc de promover una reforma legal para que el Parlament suspendiera y sustituyera temporalmente a cargos imputados, manifestó que esa cuestión no corresponde al Ejecutivo, sino al Legislativo.

Barceló aludió a la corrupción en la rueda de presa posterior al Govern en la que se aprobó el nombramiento de una nueva directora general de Justicia. Marta Díaz sustituirá a Sandra Capllonch, que deja el cargo por motivos personales. Justicia dependía antes de Presidència pero ahora tiene rango de conselleria. El nombramiento se produce a propuesta de Pilar Costa.