La presidenta del Parlament Maria Antònia Munar, consideró ayer, tras declarar en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) por el 'caso Can Domenge', que ya ha sido condenada con «la pena del telediario». En su comparecencia en calidad de imputada, Munar insistió en que la venta del solar de Can Domenge a través de un precio máximo (30 millones de euros) «fue una decisión política por hacer un proyecto (de viviendas) emblemático» en Palma.
Munar, que no admitió preguntas de los informadores, hizo estas declaraciones en el Parlament, media hora después de abandonar la sede del TSJB. Además de aludir a la 'pena del telediario' (eso es ser expuesta ante los medios antes de conocer si es culpable o no) aseguró que «voy a seguir trabajando» y que, pese a todo lo que ocurre, «ha valido la pena trabajar por Mallorca, ya que me he sentido compensada con el respaldo de los míos».
Munar, que reiteró algo que ya comentó el día que fue imputada, que cualquier político que toma decisiones «puede tener problemas en algún momento», dejó sin responder dos preguntas de los medios (si continuaba imputada y si había pensado en dimitir) y adoptó una estrategia típica en otras comunidades pero que los políticos de las Islas no suelen utilizar aquí: las declaraciones sin preguntas.
Munar había llegado al TSJB, en coche oficial, sobre las 09.52 de la mañana. Nada más bajar del automóvil se dirigió a un grupo de personas que la increpaban, sonrió, se puso la mano sobre los labios y les envío un beso. Lo mismo hizo ante el grupo de dirigentes de su partido que le aplaudían.
La llegada de la presidenta del Parlamament, que presidía el Consell en la etapa en que se adjudicó el solar de Can Domenge, había despertado una gran expectación. Algo menos de una cincuentena de personas, convocadas por el grupo ultraderechista Círculo Balear, le increparon, pidiéndole la dimisión o llamándole corrupta.
También se manifestaron, con carteles con unos bigotes dibujados sobre el rostro de Munar, jóvenes de EU. Comparaban a Munar con 'El Bigotes' de la trama Gürtel.
La plana mayor de UM acudió a apoyar a Munar. Tanto cargos de la dirección actual, como la de la anterior (Miquel Nadal la apoyó desde un discreto segundo plano). Se citaron en las puertas del TSJB. Previamente habían quedado en una cafetería próxima. A su salida fueron más los aplausos que los pitidos, ya que el grueso de los alborotadores críticos se habían marchado.
Los insultos más duros llegaron por parte de un grupo que se situó junto al grupo ocupado por los cargos.
La declaración de Munar duró algo más de dos horas. Asistida por su abogado Gabriel Garcías, la presidenta del Parlament insistió en que el objetivo del concurso era el de desarrollar en Can Domenge un urbanismo «diferente», en el que primara la calidad y no el precio final.
Negó, en ese contexto, de forma taxativa que hubiese mantenido reuniones con representantes de empresas constructoras antes de la aprobación de las bases del concurso a través de un decreto (aprobado en diciembre de 2005). Precisamente, el magistrado y los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach le preguntaron por qué habían decidido hacer públicas las bases del concurso en plenas fiestas navideñas, con un plazo de respuesta corto. Munar respondió que se presentaron trece ofertas conjuntas (UTE), y que esa cifra demuestra que el plazo «fue suficiente». Asimismo, aunque no diluyó responsabilidades entre sus subordinados, mencionó a los ex consellers insulares Miquel Àngel Flaquer y Bartomeu Vicens, como responsables de idear las cláusulas del concurso convocado en 2005 para adjudicar los terrenos de Can Domenge.
Según algunas fuentes, el interrogatorio del magistrado Muñoz fue «educado» pero «intenso», en algunos momentos, aunque la presidenta del Parlament respondió a todas las preguntas. En ningún momento le inquirieron por supuestos pagos ilícitos realizados en el extranjero por representantes de empresas constructoras, y tampoco se mencionaron los tres registros realizados por comisiones judiciales a las sedes de las constructoras Sacresa en Barcelona, y Ferratur, en Calvià, así como el despacho de abogados Fiol en Palma.
Sobre esta cuestión, fuentes judiciales han asegurado de que los registros han arrojado resultados «muy positivos» para el desarrollo de la investigación.
Tras la declaración, el magistrado no adoptó ninguna decisión sobre la situación procesal de Munar, que continúa en la causa en calidad de imputada.
El 'caso Can Domenge' investiga la comisión de tres supuestos delitos: prevaricación, fraude y malversación de caudales público. La querella criminal fue interpuesta por el Grupo Nuñez y Navarro, que ofreció 60 millones de euros, el doble de la UTE ganadora, por el solar de Can Domenge.
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