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La fecha elegida por el juez José Castro es el martes 23 de marzo en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, pero puede que falte a ella su protagonista principal: el ex presidente del Govern Jaume Matas.

Según fuentes próximas al entorno de Matas, sus abogados están preparando una estrategia que le permita eludir la cita con el magistrado instructor del 'caso Palma Arena' y de su supuesto enriquecimiento ilícito a través de la petición en Estados Unidos, su actual país de residencia, del «amparo legal».

Para ello, el ex presidente estaría dispuesto a denunciar ante las autoridades americanas que está siendo víctima de una «persecución sistemática», puesta de manifiesto con los continuos registros a sus pisos de Palma y Madrid, el último de ellos, en plena Nochebuena, y la exhibición pública y detallada de todas sus pertenencias.

Matas ya sabe que venir a Palma a declarar sería como meterse en la boca del lobo ante la más que probable petición de medidas cautelares contra él por parte de la Fiscalía Anticorrupción (está imputado por nueve delitos), entre ellas y la más suave de todas la entrega de su pasaporte, lo que le impediría regresar a Estados Unidos.

En ese contexto, su intención no es la de obviar la acción de la Justicia, según las fuentes consultadas, sino que su objetivo final es declarar, pero ante una comisión rogatoria y siempre en territorio estadounidense.

Su abogado, Rafael Perera, explicó a este diario que habría que «estudiar» la posibilidad de que su cliente responda a las preguntas de una comisión rogatoria en Estados Unidos, ya que «no existen precedentes», subrayó.

En todo caso, quiso dejar «bien claro» que él desconoce la posibilidad de que Matas recurra a un «amparo legal» para eludir su cita con el juez Castro e insistió en que su deseo es «colaborar con la Justicia». «Quedan más de dos meses (para la declaración de Matas), es decir, hay mucho terreno que recorrer, pruebas y diligencias por practicar, antes de pronunciarse en un sentido u otro», dijo Perera.

El juez decano de Palma, Francisco Martínez, afirmó que Jaume Matas es un ciudadano «como cualquier otro» y tiene la obligación de presentarse ante el juez, el fiscal y los abogados personados en la causa. En caso contrario, «si no comparece a un segundo llamamiento se puede dictar una orden de detención contra él». En ese caso, el juez interesaría una orden de extradición. Martínez matizó que las circunstancias serían otras si el ex presidente tuviera la condición de aforado, pero como no la tiene, «su obligación es presentarse ante el juez».

Algunos abogados consultados por este diario han coincidido en manifestar que Matas «lo tendrían muy fácil» para alegar en EEUU que está siendo víctima de una persecución judicial. Para ello, bastaría con enseñar a las autoridades locales los recortes de los periódicos y, especialmente, lo que consideran que fue la gota que colmó el vaso: el registro de Navidad en su piso de la calle Sant Feliu de Palma. Ese día (el pasado 24 de diciembre), su abogado difundió un comunicado en el que comparó los recursos «contundentes y rigurosos» empleados en ese registro con la investigación «a un terrorista o capo del tráfico de drogas».

Muchas fuentes jurídicas consideran que los métodos empleados en la investigación del patrimonio de Matas y la dureza de los interrogatorios a los que fueron sometidos sus proveedores o a personas de su círculo más próximo han sido, «extremadamente duros».