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Las pymes de la música discográfica se han levantado contra el Gobierno, al que piensan denunciar ante la Justicia por «negligencia», y entre ellas se encuentra Blau, de Miquel Angel Sancho. Responsabilizan al Ejecutivo de Zapatero de «no tomar medidas» ante la piratería y las descargas ilegales de música, que desde el año 2004 les han ocasionado unas pérdidas «de un 65 por ciento». Además de la denuncia, la veintena de empresas implicadas también se plantea pedir indemnizaciones por esas pérdidas sufridas.
Éstas discográficas, explicaba ayer Sancho, han contratado los servicios del despacho de abogados de Roca Junyent, «que tiene un gran departamento dedicado a propiedad intelectual», para emprender una acción «en varios tiempos».
Primero, desde el citado despacho, «se ha hecho un estudio para saber por dónde se tenía que ir», informe que ya han «lanzado a la Administración, lo hemos enviado a Presidencia con copia a los ministerios de Interior, Cultura e Industria; de la respuesta del Gobierno dependerá que se emprendan las acciones legales», añadió el productor, quien está convencido de que la contestación no les satisfará, al igual que no lo han hecho las medidas contra las web anunciadas hace días, medidas «para contentar a todos» que las discográficas no comparten.
Sancho quiso dejar claro que su batalla no va contra los internautas, sino contra la Administración, a la que exigen medidas como las tomadas «por países como Francia, Inglaterra o Suecia con un sistema de avisos que pueden acabar en corte de conexión a Internet». «No queremos perseguir a los internautas, palabra que no me gusta, y que yo llamo usuarios de Internet, ni que el debate se diluya por ahí, yo soy de los que apoya libertad para todos en Internet, pero que se cumpla la ley».