Torres Blasco08/02/10 0:00
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El conseller d'Hisenda, Carles Manera, destacó ayer el «efecto disuasorio» contra la corrupción del proyecto de ley que analizó el Ejecutivo en su primera reunión sin consellers de Unió Mallorquina (UM) y que, el viernes, será remitido al Parlament. Se trata del proyecto de Ley del sector púbico e instrumental de la Comunitat Autònoma.
El conseller de Presidència, Albert Moragues, mostró su confianza en que UM lo apoye porque hasta hace unos días «estaba» de acuerdo con su contenido, y sería una «sorpresa desagradable» no disponer del apoyo de los 'uemitas' y los 'populares'.
Tanto UM como el Bloc (aunque ni Moragues ni Manera aludieron a este asunto) eran reacios a aprobar esta ley hasta el punto que Antich tuvo que lanzar varias avisos para que se pusieran de acuerdo y sólo se acordó su aprobación cuando se acordó pactar el llamado 'código ético' que incluía la aprobación de diversas leyes de control.
El nuevo proyecto controlará el gasto de los entes públicos y establecerá medidas de control. Los entes y empresas públicas se incorporarán a la contabilidad general de la Comunitat Autónoma y se facultará al consellelr d'Hisenda a ordenar auditorías inmediatas en cualquier momento, ante cualquier sospecha de desviación.
Recortes
La portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló, destacó que se ha aprovechado la remodelación del Govern, a raíz del cese de los consellers de UM, para reducir en los departamentos afectados el número de sus altos cargos y asesores en un 50 por ciento, y de empresas públicas en un 20 por ciento.
La futura ley exige la autorización previa del Consell de Govern para la contratación a partir de determinadas cantidades y condiciona el acceso a corto término. También establece límites a los sueldos de los gerentes de empresas, que no podrán ser superiores a los de un director general, salvo en determinadas excepciones. Además, impulsará los principios de mérito y capacidad en la selección y contratación de las personas encargadas de la gestión de los entes.