Sans niega haber cargado a las cuentas de la Funeraria comidas de 1.600 € en fin de semana

Durante su comparecencia como imputada ante el juez que instruye las presuntas irregularidades cometidas en torno a la gestión de la EFM, Manuel Penalva, recalcó que «nunca» fue a comer en fin de semana pagando con dinero de la empresa, después de que el magistrado le inquiriese sobre un cargo de 722 euros en dos restaurantes de Palma durante 2005 y de más de 900 euros en otros cuatro establecimientos al año siguiente.

«No es cierto», insistió la encausada, asistida por el letrado Rafael Perera, y a quien se le atribuye un supuesto delito de malversación de caudales públicos por estos gastos así como por otros relacionados con viajes presuntamente privados que Sans facturó a la Funeraria cuando presidía la empresa durante la pasada legislatura.

En su segunda declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11 -ya lo hizo el 30 de junio del pasado año-, la ex máxima responsable de la EFM fue interrogada por las numerosas facturas halladas de comidas tanto en Palma como en Madrid, que atribuyó a gastos de representación, y al ser preguntada si considera razonable gastar más de 50.000 euros en comidas, se limitó a justificar que «depende de la representación y actualmente la Funeraria no tiene ninguna de las representaciones que llevábamos en su momento». Es más, apuntó que las representaciones «no se eligen» sino que le llegaron «del mandato anterior».

En esta misma línea, manifestó que en el pleno del Ayuntamiento «ni siquiera» se pedían explicaciones sobre estos gastos. «Es lo que se hacía y lo que se hace ahora, hay un protocolo», se escudó la encausada, quien recordó que el control se ejercía cuando anualmente el gasto se aprobaba en Junta General -en el pleno-, en las que nunca se produjo ningún voto en contra de la oposición. «Nunca pusieron repecto a los gastos de representación» tanto suyos como del ex gerente de la EFM, Oscar Collado, también imputado.

Al serles detallados los pagos efectuados en más de una decena de restaurantes, Sans explicó que algunos de los tickets los firmaba ella y se los pasaba a Collado, y en otras él se hacía cargo de las facturas. Sin embargo, sobre una de las facturas mostradas en la comparecencia por el magistrado con la firma «Sra. Sans», manifestó que la rúbrica no es la suya y que «alguien me intenta imputar alguna comida a la que no he asistido».

Finalmente, sobre un viaje realizado a Chicago en 2004 y que fue pagado con dinero público -unos 4.700 euros- lo achacó a diversas gestiones que tuvo que llevar a cabo en relación al cargo que ocupaba como vicepresidenta de una organización internacional de empresas funerarias.

Precisamente, la investigación de la contabilidad de la empresa municipal se inició a raíz del escándalo abierto por de los viajes que realizaron Collado y Sans y que fueron facturados en la pasada legislatura a esta empresa pública. De hecho, Sans ingresó en la cuenta de la Funeraria un total de 6.833,93 euros correspondientes a nueve facturas de viajes privados realizados por sus familiares en la pasada legislatura y que habían sido sufragados por la EFM.

Inmuebles heredados

Por su parte, Francisca Moll, mujer del ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), justificó hoy algunos de sus ingresos con los bienes heredados tras el fallecimiento de su padre en 1994 así como con las diversas operaciones de compraventa que llevó a cabo tras recibir estos inmuebles, pese a que eludió justificar la obtención en los últimos siete años, entre otras cantidades, de 400.000 euros en efectivo que constan en cuentas cuya titularidad comparte con su marido.

Así lo puso de manifiesto en calidad de imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11, Manuel Penalva, que investiga el presunto desvío de fondos públicos a través de la empresa pública durante la pasada legislatura, con Collado como gerente y Marina Sans como presidenta. Durante la comparecencia, la encausada, a quien entre otros delitos se le imputa blanqueo de capitales, detalló el patrimonio con el que cuenta actualmente y se negó a responder, al igual que hizo hoy Collado, sobre un informe policial que especifica diversos ingresos en efectivo de sus cuentas ya que no lo ha estudiado.

En este sentido, el magistrado le pidió explicaciones sobre los 400.000 euros obtenidos en los últimos siete años así como acerca del volumen de movimientos de unos 165.000 euros en 2003; de un ingreso de 12.950 euros ese mismo año; de otros movimientos por valor de 280 euros en 2004; de otro ingreso de 6.000 euros en 2003 y de la adquisión de acciones de Funespaña y del Banco Santander que se vendieron poco después. Una lista de operaciones sobre la que Moll se negó a responder al no haber analizado el informe de la Policía y «desconocer a qué ingresos se refiere».

«Creía que la declaración de hoy era para dar cuenta de mi patrimonio», se escudó Moll quien, defendida por el abogado José Ignacio Herrero, recordó que en 1994 heredó un piso en la calle Ramon Muntaner y un chalet en Palmanyola, y posteriormente, tras la venta del primer piso, efectuó diversas compraventas con sus inmubles hasta que finalmente adquirió una casa en Arabela con una hipoteca de 200.000 euros y cuyo precio eran unos 540.000 euros». «Eso es todo mi patrimonio», agregó la encausada.

Finalmente, señaló que posee diez plazas de parking así como unos ingresos de 600 ó 700 euros que «me los dan en mano», aunque normalmente, concluyó, los utiliza para gastos.

Por su parte, Collado, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, volverá a ser citado próximamente después de que hoy compareciese ante el juez pero también se negase a responder en relación a los ingresos en efectivo que obran en cuentas propias y de su esposa, ya que hasta el momento no ha podido corroborar el informe policial en el que constan datos referidos a estos ingresos.