Santiago se marca el reto de pactar la cartera de servicios sociales antes de las elecciones

La consellera d´Afers Socials se plantea dos grandes retos para lo que queda de legislatura: por un lado aprobar el decreto de cartera de servicios de la Llei de Serveis Socials, que establecerá cuáles son las prestaciones económicas y técnicas de obligado cumplimiento sea cual sea el partido que gobierne, y, por otro, iniciar la construcción del centro terapéutico para menores con problemas de salud mental que se expresen con agresividad o violencia.
En relación al decreto, Fina Santiago explicó que se está negociando con los demás partidos, en especial con el PP, esta cartera, «porque aunque no estamos obligados a pactarlos, es importante que los servicios comunitarios o específicos que se puedan reclamar por ley no dependan del color político» de quien gobierne a partir de 2011», aclaró.
Sobre el centro terapéutico, recordó que ahora mismo, estos menores deben ser atendidos en la Península, por lo que éste será el primer centro de estas características en Balears.
Fina Santiago reconoció ayer que la financiación prevista para este centro -unos 5 millones, a dos años- «no está garantizada». «Esto es lo que más preocupa de cara al último año de la legislatura -reconoció-, por lo que espera que se puedan iniciar las obras antes de las elecciones o, por lo menos, dejarlo adjudicado para su construcción.
La consellera de Afers Socials, Promoció i Immigració realizó un balance del trabajo realizado por su departamento a lo largo de esta legislatura para «dignificar» los servicios sociales y reconoció sentirse «satisfecha».
Dependencia
Sobre todo destacó el esfuerzo realizado en relación a la dependencia, que cada mes supone un gasto de 2,5 millones de euros sólo en ayudas económicas, destinadas a 6.164 beneficiarios. A esta cantidad, recordó, debe sumarse lo que la administración paga por las plazas de centros de día y de residencia que ocupan las personas dependientes a las que se les concede esta ayuda.
De esos 2,5 millones, cerca de 300.000 euros corresponde a atrasos, una retroactividad a la que ya no tendrán derecho las personas que soliciten las ayudas a partir del 1 de julio, tal y como anunció el presidente del Gobierno como medida de reducción del déficit.