La ministra, encantada con Son Espases

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, lo dejó bien claro ayer, «todos los pacientes, con independencia de la región en la que vivan, tendrán el derecho a ser atendidos en un plazo de seis meses para cinco tipos de intervenciones quirúrgicas».
Este fue el principal acuerdo que aprobaron el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebró en Palma. Así, este Real Decreto fija un tiempo máximo de 180 días para cinco tipos de intervenciones quirúrgicas -cardiaca valvular, cardiaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla-, a través del cual quedan homogeneizados los tiempos de espera de estos procesos en todas las comunidades autónomas y para todos los pacientes.
90 días de plazo
Aunque la titular de Sanidad ha remarcado que este Decreto es «un primer paso» que se irá desarrollando en el futuro para incorporar nuevos procesos, así como para rebajar los plazos marcados, los hospitales públicos de Balears tiene el trabajo «hecho», ya que cumplen desde hace tres años con el tiempo máximo de espera. Es más, según datos de la Conselleria de Salut, el tiempo máximo para este tipo de operaciones en el archipiélago ronda en la actualidad una media de 90 días de espera para el paciente.
Para el establecimiento de los tiempos máximos de espera en la realización de determinadas intervenciones quirúrgicas se ha establecido como criterios la gravedad de las patologías motivo de la atención; si la operación es eficaz para incrementar la supervivencia del paciente; y si la realización temprana evita la progresión de la enfermedad o las secuelas de la misma.
La ministra detalló que el proyecto de Real Decreto especifica que, por sus características particulares, quedan excluidas una serie de intervenciones como los trasplantes de órganos y tejidos, cuya realización dependerá de la disponibilidad de órganos. Tampoco se acogen aquellas intervenciones que puedan requerir una espera para reunir las condiciones adecuadas para su realización, como es el caso de las relacionadas con las técnicas de reproducción humana asistida.
Otro de los puntos importantes que aprobó el Consejo Interterritorial fue la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva con el objetivo de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos reconocidos por organismos internacionales como Naciones Unidas.
Según la ministra, «se trata de abordar su desarrollo, no solo desde la ausencia de la enfermedad, sino también para vivir una sexualidad plena y satisfactoria».
El documento recomienda mejorar la información en salud sexual y fijar herramientas que permitan conocer las necesidades de la población.
Por lo que respecto a la atención sanitaria, la Estrategia recomienda no sólo centrarse en los aspectos biológicos, sino también psicológicos y sociales. Entre sus fines también se incluye mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual y consensuar una cartera de servicios comunes para la atención sexual.
Discapacitados
Además, Trinidad Jiménez presentó a las Comunidades Autónomas el anteproyecto de ley de adaptación a la Convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad que introduce modificaciones en materia de discapacidad, empleo, igualdad de oportunidades, protección civil, cooperación internacional y seguros.
El anteproyecto de Ley, que deberá ser aprobado en el Consejo de Ministros, pretende adaptar parte de la legislación española a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad. --Así, en materia de sanidad se modifica la Ley General de Sanidad, Ley sobre extracción y trasplante de órganos, Ley reguladora de la autonomía del paciente y Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. Jiménez ha explicado que estas variaciones introducen medidas para que las personas con discapacidad puedan tomar por sí mismas decisiones en procesos sanitarios, como trasplantes o ensayos clínicos.