El PP ha pedido hoy que se evite la «inquietud» y el «hachazo» que supone para 900 familias la expropiación y derribo de sus viviendas que recoge el proyecto de reforma de la Playa de Palma, mientras que el Govern ha insistido en la «necesidad recuperar el diálogo y el acuerdo» para sacar adelante esta gran iniciativa de modernización turística de Baleares.
El diputado del Grupo Popular José María Rodríguez ha propuesto esta mañana en el Parlament al Ejecutivo que se ponga en marcha la renovación de la Playa de Palma en los aspectos donde ya existe acuerdo político y social, y que se dejen sobre la mesa los asuntos donde haya disensión para «darles dos vueltas más».
«El PP sigue apostando por esta reforma, pero no a cualquier precio, de cualquier manera y con la boca cerrada», ha manifestado Rodríguez con ocasión de una interpelación de los populares sobre este asunto.
La portavoz del Govern y consellera de Turismo y Trabajo, Joana Barceló, ha explicitado la «voluntad» del Ejecutivo de «recuperar» el entendimiento, al tiempo que ha insistido en que durante el periodo de exposición pública del proyecto, que concluye el 23 de octubre, todos los afectados tienen la oportunidad de presentar sus propuestas de mejora, que serán estudiadas por el consorcio de la Playa de Palma.
El objetivo final es lograr el «mejor modelo» para reconvertir esta veterana zona turística para que Baleares sea un destino turístico líder en todo el mundo, ha puesto como objetivo Barceló.
El caso es que el Parlament balear aprobó el 27 de julio pasado con el voto favorable de todos los partidos la ley de reconversión de la Playa de Palma, pero en los últimos meses tantos los partidos como los afectados -hoteleros, vecinos, comercios...- han mostrado su postura favorable o contrario al proyecto una vez que se ha conocido su contenido.
Barceló ha reconocido que se han podido producir «errores» y ha lamentado «profundamente el drama personal y colectivo» que se haya podido vivir en los últimos meses, al tiempo que ha insistido en que se «escucharán» todas las iniciativas de ciudadanos, instituciones y agentes económicos y sociales afectados para hacer realidad el «mejor proyecto urbanístico».
Si embargo, ha hecho hincapié, este proyecto cuenta con el presupuesto necesario y el apoyo del Estado y de los partidos de las islas: «No nos podemos permitir no actuar (...) porque nos jugamos el futuro de nuestra economía», ha advertido Barceló en referencia al turismo como motor económico de Baleares y a la necesidad de modernizar su planta hotelera y las zonas adonde cada año acuden millones de personas.
Rodríguez ha pedido al consorcio que tenga en cuenta a la hora de acometer el proyecto la participación de los hoteleros, de la oferta complementaria y del comercio, así como que se establezcan las medidas para que sea «viable» e «interesante» la rehabilitación de edificios.
Por su parte, los portavoces de UM y Bloc, Josep Melia y Gabriel Barceló, respectivamente, han coincidido en la necesidad de esta reconversión, por lo cual será necesario llevar a cabo expropiaciones y demoliciones de edificios, aunque deberán ser las imprescindibles y se deberán prever compensaciones «justas» a los propietarios afectados.
Melia ha manifestado que esta reforma es un «pacto de Estado», por lo que ha abogado por «no tirar cerillas al fuego y calentar aún más los ánimos» de los sectores afectados. En este sentido, el líder de UM ha abogado por hacer «pedagogía» y explicar bien esta ambiciosa iniciativa.
Mientras tanto, Barceló ha dicho que la reforma debe salir adelante con independencia del partido que gobierna la Comunidad, aunque ha defendido con firmeza una remodelación con «carácter mediterráneo» y ha denostado que se construyan «horteradas» o modelos «importados como los resorts del Caribe».
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