Imagen de una de las demoliciones dictadas por el Ajuntament de Palma en Son Banya. | Alejandro Sepúlveda

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A primera hora de la mañana de ayer, un total de cuatro familias residentes en el poblado de Son Banya, interpusieron un escrito de amparo ante el juzgado competente para solicitar la suspensión cautelar de las medidas dictadas por el Ajuntament de Palma.

Los afectados por el requerimiento de desalojo ordenado por Cort, junto a sus abogados, argumentan ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que las medidas tomadas por el consistorio palmesano dentro del marco del Programa de Realojo e Integración Social de la Población de Son Riera está lleno de defectos legales, indefensión jurídica de los afectados y que no se ajusta a la legalidad.

De hecho, en el escrito presentado hace referencia a que, «los pasados meses de julio y septiembre de 2010, el Ayuntamiento de Palma pretendió el desalojo de otras viviendas y familias del mismo poblado a través de resoluciones con ciertas similitudes como la del presente acto procesal. Todas ellas fueron suspendidas cautelarmente por los distintos juzgados en los que recayeron», añaden.

Al mismo tiempo, el portavoz del poblado Miguel Àngel Heredia, también presentó un escrito ante el Patronato Municipal de realojo y Reinserción Social en el que afirman no comprender cómo, «a sabiendas del contenido de las resoluciones judiciales, se han atrevido a remitir una treintena de notificaciones del desalojo», concluye.