La Confederación Española de Policía pide la dimisión de Socías por sus declaraciones sobre las detenciones

La CEP entiende que las palabras de Socias suponen una falta de respeto hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una ofensa a la profesionalidad de los investigadores que desarrollan las operaciones contra la corrupción, y por ello exigen su dimisión.

En un comunicado, la Confederación cree que Socias ha demostrado un «temerario desconocimiento de la legislación vigente» cuando afirmó que las detenciones fueron «desproporcionadas», valoración que el delegado incidiendo en que los detenidos no han cometido delitos de sangre sino, presuntamente, faltas administrativas.

«Cabría recordarle a este alto responsable de la Administración General del Estado que repase la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que, en ningún caso, se reserva la detención exclusivamente para delitos de sangre», subrayan desde la CEP.

«Resulta, cuando menos, sonrojante, el desconocimiento de la normativa básica que regula el trabajo policial y judicial», añade la Confederación, para hacer énfasis en el trabajo «excepcional» que está haciendo el Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía en Baleares en la lucha contra la corrupción, con jornadas «maratonianas» de hasta «18 horas diarias para preparar media docena de registros, trece detenciones y declaraciones a medio centenar de personas en calidad de testigos».

Un trabajo que la policía está realizando, remarcan desde la CEP, «de forma profesional, sin injerencias de superiores jerárquicos y de la mano del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales». La Confederación recuerda que si bien no se trata de delitos de sangre, los presuntos delitos cometidos por los implicados en la operación Pícnic están penados con hasta «quince años de prisión».

La CEP los califica de «hechos muy graves» en los que los policías han sido «especialmente escrupulosos» para acreditar indiciariamente los delitos y han aplicado un «esfuerzo personal y profesional sobrehumano» para conseguir una puesta a disposición judicial de los detenidos en el «menor tiempo posible», remacha la confederación.

«Un político no es nadie especial»

Por último, concluye que un político detenido «no es nadie especial, es un ciudadano más protegido por los derechos que pone en sus manos el Estado de Derecho». Por ello, prosigue la CEP, «dado que en este caso hablamos de investigaciones en las que resulta imprescindible evitar la destrucción de pruebas que acrediten malversaciones millonarias, la actuación policial, con las detenciones correspondientes, ha sido ajustada a Derecho y cuenta con la supervisión del Ministerio Fiscal y el juez instructor».

«Cualquier reflexión en otro sentido, especialmente si parte desde el desconocimiento o criterios alejados de la objetividad, como ha sido el caso del Delegado del Gobierno, es un ataque gratuito a la institución policial», arremete la CEP, que recuerda que el esfuerzo del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía ha permitido, en los últimos años, desarrollar «una veintena de operaciones contra la corrupción en Baleares, poniendo a disposición judicial a decenas de personas e interviniendo cientos de millones de euros procedentes de actividades ilícitas».

«Estamos ante un servicio a la sociedad balear que merece respeto, un respeto que no hemos encontrado, en más de una ocasión, entre los afectados por las investigaciones policiales. Sin embargo, nunca hubiéramos esperado una actitud así por parte del Delegado del Gobierno», lamenta la CEP.