Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, uno de los encausados, Jaime Reynés, ha manifestado que fue el entonces presidente de la Xarxa, Miquel Oliver -también imputado en este caso- quien le instó a modificar el concepto sin saber por qué motivo. En este sentido, ha apuntado que en una primera factura sí aparecía el nombre de la Institución insular mientras que éste se quitó en el segundo recibo expedido, según han informado fuentes jurídicas.
«Oliver me dijo que expidiese el recibo y cómo tenía que hacerlo», ha apuntado Reynés, quien ha asegurado desconocer de dónde procedía el dinero que la Xarxa les abonó a las televisiones locales -que debían cerrar por orden de la Administración con la llegada de la era digital- para salvar su material audiovisual y cederlo. «No sé nada de ninguna subvención», ha hecho hincapié el imputado, quien ha apuntado además que Oliver también fue quien le propuso entrar en la Xarxa, dentro de la cual asistió a varias reuniones.
En esta misma línea ha prestado declaración otro de los encausados que ha sido interrogado esta jornada, Sebastià Nicolau, de la Televisió de Vilafranca, quien también ha recordado que le hicieron cambiar la factura que presentó a fin de que no constase el nombre del Consell.
Responsabilidades
Cabe recordar que el propio Oliver ya manifestó ante el juez, en su tercera comparecencia como imputado, que «probablemente» fueron Moragues o Sotomayor quienes le instaron a alterar las facturas que se presentaron ante el Consell para hacer la solicitud de la aportación, al ordenarse suprimir el concepto «Consell de Mallorca», ya que se trataba de facturas que presentaban las distintas televisiones a la Xarxa y no directamente al Consell.
Mientras tanto, la ex directora insular de Comunicación, Margarita Sotomayor, en libertad bajo fianza de 10.000 euros, responsabilizó al ex vicepresidente insular, Miquel Nadal, de la toma de decisiones para subvencionar a Vídeo U, a la que la Institución insular subvencionó con más de cuatro millones de euros para la puesta en marcha y explotación de Televisió de Mallorca, al tiempo que se desvinculó de cualquier tipo de irregularidad en materia de subvenciones.
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