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El titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, interrogará este martes a quien fuera agente comercial de la empresa Atlas Capital, Jaume Fluxà, y al ex socio director de esta sociedad, Raúl Julián, ambos como imputados en el marco del caso Bomsai, que investiga un presunto desvío de fondos públicos en la pasada legislatura del PP a través de la empresa pública CAIB Patrimoni durante el proceso de adjudicación para construir las nuevas sedes del parque de bomberos de Palma y de la Conselleria de Salud.

Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que recuerdan que Fluxà fue uno de los ocho detenidos con los que se saldó la fase policial de este caso, al haber actuado presuntamente de intermediario entre Atlas y Caib Patrimoni durante el año 2006.

En concreto, las investigaciones apuntan a que la empresa Atlas facturó de forma irregular a la UTE ganadora del concurso para la ejecución del parque de bomberos un total de 426.216 euros en concepto de honorarios de éxito por haber asesorado a CAIB Patrimoni en materia financiera y legal en relación con las cláusulas de la adjudicación, así como 142.848 euros a la concesionaria de la construcción de la Conselleria.

Las pesquisas resaltan la ilegalidad e improcedencia del pago de estos honorarios con la finalidad de que fuesen abonados por el contratista, ya que estos abonos -que suponen el 1,8 por ciento del volumen de inversión de cada uno de los proyectos- son incorporados por la UTE adjudicataria al coste del proyecto y, por tanto, son sufragados directamente desde las arcas públicas.

Es más, apuntan a una falta de proyecto y de presupuesto para efectuar estas contrataciones, al fraude de ley cometido, a la innecesariedad del gasto y a la desproporción en el precio del servicio.

Cabe recordar que tanto el presidente y socio fundador de la empresa Atlas Capital, León Benelbas, como su consejero director general, Pablo Cervera, defendieron en calidad de imputados la legalidad de los honorarios de éxito que esta sociedad cobró a las adjudicatarias, incidiendo en que estos cobros son una práctica habitual tras haber asesorado a nivel financiero y «no jurídico» a la Administración a la hora de adjudicar un proyecto y principalmente si éste finalmente ha sido concedido a una determinada empresa.

En su declaración ante el magistrado, Benelbas apuntó que las conversaciones hasta que se firmó el contrato entre Atlas y CAIB Patrimoni se llevaron a cabo por mediación de Jaume Fluxà mientras que «todas las reuniones, conversaciones, borradores de pliegos y condiciones financieras» se canalizaron a través del ex director gerente de CAIB, Jaume Vidal Ladaria.

Entre los ocho arrestados en el marco de este procedimiento se encuentran el ex director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda, el ex director general de Emergencias, Joan Pol (ambos en libertad bajo fianza de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente) y el ex gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, mientras que también está imputado el ex consejero de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, para quien la magistrada sustituta Margarita Bosch decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.