Solo en el año 2008 se registró una diferencia de 1,6 millones de euros entre lo que pagó el Consell de Mallorca a dos uniones de empresas por el servicio de recogida selectiva de basura y lo que realmente costaron estos servicios, según un informe pericial contenido en el sumario del caso Cloaca.
En este caso, investigado por el Juzgado de Instrucción 9 de Palma, se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, emisión de facturas falsas y cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos urbanos de Mallorca de todos los municipios de la isla, salvo Palma, Calvia y Llucmajor.
El informe encargado por el Consell a un economista cifra en 5,7 millones la diferencia total entre lo facturado por las uniones temporales de empresas (UTEs) adjudicatarias del Consell para la recogida selectiva y los servicios que realmente prestaron durante el periodo 2006-2010.
El año en que se registra más diferencia entre un concepto y otro es 2008, cuando el informe localiza un sobrecoste de 696.080 euros en el caso de la UTE FCC-Lumsa y de 901.291 euros en el de la UTE Resenetma.
Mientras en el primer año, 2006, se registró un supuesto desfalco de 749.260 euros, en 2007 esta cantidad ascendió a 1,2 millones, en 2009 se situó en 1,3 millones y en 2010 bajó de nuevo hasta los 709.218 euros.
La Fiscalía investiga si este dinero facturado «en exceso» se pudo desviar a manos de particulares, y por ello ha imputado a varias personas, entre ellas la exportavoz y exvicepresidenta de Unió Mallorquina, Catalina Julve, quien fue consellera insular de Medio Ambiente durante la actual y pasada legislaturas, periodo en el que se detectaron las supuestas irregularidades.
Las acusaciones sospechan que aunque el Consell destinó millones a estas uniones de empresas para llevar a cabo la recogida selectiva de los ayuntamientos, eran otras empresas contratadas por los propios consistorios las que realmente hacían el trabajo.
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