Víctor MalagónPalma17/06/11 0:00
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Casi diez años después la ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera no tiene ninguna causa pendiente en los juzgados. La Audiencia Provincial ha decretado el archivo de la última investigación pendiente de los siete casos de presunta corrupción denunciados por el PP de Calvià a instancias de Carlos Delgado. Todas han sido archivadas durante la instrucción y ninguna ha llegado a juicio.
El Partido Popular planteó a la Audiencia levantar el archivo de la causa que había decretado el magistrado Juan Ignacio Lope Sola. En esta ocasión, la acusación popular no pedía nuevas pruebas sino que la causa llegara a juicio.
El auto del juez seña que: «No ha quedado acreditado que Margarita Nájera obtuviera ningún beneficio por la compraventa del solar y posterior construcción del chalet».

«Pobre panorama» Es la segunda vez que el PP se opone al archivo de esta causa. En la primera el PP se opuso y planteó nuevas pruebas. Una vez realizadas, el juez de instrucción consideró que no había indicios contra Nájera. La Audiencia habla de «pobre panorama» en las nuevas pruebas. El archivo dictado ahora es provisional, es decir, podría levantarse en el caso de que aparecieran nuevas pruebas y es firme: esta decisión no se puede recurrir ante el Supremo.

Querellas. La primera fue la querella por el 'caso Estrategia Local' por el contrato del conocido como Documento Maquiavelo de carácter electoral. Desde ese momento hasta en siete ocasiones acudió el PP al juzgado contra Nájera, los casos: 'Calvià Park', 'Nova Santa Ponça', 'Solar', 'Paseo de Calvià', 'Cotusa' y 'Regalos'.

Archivos. Sucesivamente todas las investigaciones se han archivado. El PP ha ejercido la acusación popular en la mayor parte de los casos. En casos como el de este último archivo, de hecho ha sido la única acusación puesto que la Fiscalía desde el principio aceptó los archivos. En esta década de causas judiciales Nájera ha sido representada por el letrado Gabriel Garcías.

Costas. Las defensas de Nájera y de su ex marido solicitaron que se impusieran las costas procesales al Partido Popular al apreciar «mala fe procesal» en su acusación. La Audiencia rechaza este extremo. Señala que el archivo se produce por falta de indicios racionales de criminalidad y que las defensas no han especificado dónde aprecian esa posible temeridad.