Los servicios jurídicos de la Vicepresidencia Económica concluyen que los Presupuestos para 2012 son legales

En este sentido, el informe jurídico, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que «no hay ningún obstáculo jurídico para aprobar unos presupuestos generales que incluyan unos estados de gastos e ingresos con unas cuantías que determinen un importe de intereses y de amortizaciones previstas para el 2012, por razón de operaciones de endeudamiento, superior al 25 por ciento de las previsiones de ingresos corrientes para el mismo año, sin perjuicio de que al tiempo de la concertación de cualquier nueva operación de endeudamiento con amortización superior a un año se deba de cumplir con este ratio en los términos indicados anteriormente».

De este modo, fuentes de la Vicepresidencia Económica, dirigida por Josep Ignasi Aguiló, han remarcado que las cuentas públicas cumplen con la normativa, incluido lo referente al pago de amortizaciones e intereses a bancos que establece la Ley.

Así, el informe, que será remitido este mismo lunes al Parlament, contradice las críticas del PSIB, que considera que las cuentas son ilegales, dado que, según censura, el proyecto presupuestario destina más del 25 por ciento de sus ingresos corrientes de 2012, en concreto, el 27,8 por ciento, a hacer frente a la deuda con las entidades financieras, lo que prohíbe expresamente la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley de Finanzas de las Islas Baleares.

Los Servicios Jurídicos aseguran que la cuestión que constituye el núcleo del debate es, simplemente, dilucidar hasta qué punto el límite legal del 25 por ciento se debe cumplir en relación con las previsiones presupuestarias que se contienen en los estados de gastos y de ingresos o, por el contrario, únicamente es exigible al tiempo de concertar cada una de las operaciones de endeudamiento (en el marco de las correspondientes previsiones presupuestarias).

A juicio de los Servicios Jurídicos de la Vicepresidencia Económica, es «evidente que una correcta interpretación y aplicación de los preceptos legales» del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 29 del Texto Refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Baleares y del apartado 4 del artículo 54 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales «nos conducen a entender que el límite del 25 por ciento no se debe cumplir, en abstracto, respecto de los estados numéricos que se prevén en los estados de gastos y de ingresos de los presupuestos generales, sino, en concreto, en el momento de la concertación de las operaciones».

«Así resulta de una interpretación literal del artículo 14.2 de la LOFCA, que se refiere a la concertación de operaciones de crédito; del artículo 29.2 del TRLF, que se refiere a la realización de estas operaciones; y del apartado 3 del artículo 54 de la antigua Ley reguladora de las haciendas locales, de manera que el gasto por intereses y amortizaciones a tener en cuenta en el numerador de la ratio correspondiente no es, en ningún caso, el gasto previsto en los créditos iniciales de los Presupuestos Generales, sino el gasto que resulte de las operaciones ya concertadas y de la operación que se pretenda concertar en cada caso», apuntan los Servicios Jurídicos.

En esta línea, indican que esta interpretación está reforzada por el hecho no sólo de que los estados de gastos «constituyen previsiones o autorizaciones máximas de gasto», sino también porque los ingresos corrientes que se tienen en cuenta en el denominador de la ratio no son las previsiones de ingresos del presupuesto corriente (simples estimaciones mínimas de ingresos), sino ingresos corrientes liquidados (como los que se pueden contener en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio vigente).

De este modo, aseveran que, en todo caso, la liquidación «representa más fielmente la realidad de los ingresos y constituye, justamente, el criterio que también tiene en cuenta la legislación local mencionada».

Ningún informe por parte del Parlament

Las conclusiones del citado informe se han conocido el mismo día en el que el presidente del Parlament, Pere Rotger, ha anunciado que los Servicios Jurídicos de esta institución no emitirán ningún informe que dictamine sobre la presunta ilegalidad de los presupuestos, a pesar de la petición expresa del grupo socialista.

No obstante, Rotger ha remarcado que cualquier presupuesto «es una previsión, por lo que a lo largo de 2012 será cuando el Govern deberá estar vigilante de que no se supere el 25%», ha añadido.

«Todos los presupuestos son una previsión, lo que importa siempre es la liquidación, y el Govern tiene muy claro que no puede infringir la legalidad, y lo cumplirá», ha remarcado al respecto, al tiempo que ha explicado que los técnicos del Parlament han apuntado «que no hay ningún problema para que los presupuestos continúen adelante en su tramitación».