P. Candia/v.malagónPalma03/01/12 0:00
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El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, tendrá que responder, cuando el próximo 25 de febrero declare ante el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, a la pregunta de por qué cobró en efectivo la cantidad de 147.800 euros del Instituto Nóos a través de su sociedad inmobiliaria Aizoon Sl, que comparte con su esposa, la infanta Cristina. Ese dinero lo percibió en 2008, dos años después de que su suegro, el rey Juan Carlos, le conminara a abandonar Nóos.

Urdangarín dejó ese instituto, «sin ánimo de lucro», según pregonaban sus estatutos, en marzo de 2006. Tres años más tarde, en agosto de 2009, Urdangarín y su familia fijaron su residencia en Washington.

Los investigadores creen que el duque de Palma ingresó ese dinero el 20 de junio de 2008 sin que el Rey tuviera conocimiento de ello. Los 147.800 euros fueron abonados por la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, también imputada en la causa donde se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración.

Pago en efectivo

El hermano de Ana María Tejeiro, Luis, declaró ante los inspectores de la Agencia Tributaria que decidieron hacer efectivo el pago al duque de Palma «debido al miedo de que pudiera afectarles la crisis bancaria que estaba sucediendo ese año».

Ese dinero correspondía al pago final que Nóos tenía que satisfacer a la empresa Aizoon SL, que actuaba como proveedora, con la que había tenido disputas con respecto al precio. Entonces, para evitar una demanda el Instituto Nóos decidió pagar el resto de dinero convenido, según señala la declaración de Luis Tejeiro.

La factura derivada de la prestación de dicho servicio es de 2005 y los pagos anteriores se realizaron entre año y 2007.

El sumario de la 'operación Babel' recoge innumerables irregularidades en la ONG de Urdangarín y Torres, El Instituto Nóos, que nació como tal en 2003 y bautizado con el mismo nombre que la consultoría creada el yerno del Rey dos antes, en 2001. Entre 2004 y 2006, ese instituto facturó cantidades millonarias que ahora son objeto de investigación.