El Consell de Mallorca ha remitido al Govern un informe de los técnicos jurídicos de Urbanismo con su análisis del anteproyecto que, según Rovira, puede ser entendido «como un conjunto de alegaciones» para que el ejecutivo autonómico las tenga en cuenta «a la hora de redactar uno nuevo o modificar el presentado».
El informe es un análisis técnico y jurídico y sobre todo hace referencia a las competencias urbanísticas de consells y ayuntamientos que «podrían verse afectadas» por la nueva Ley Turística si se aprobara el borrador del Govern, ha explicado Rovira en declaraciones realizadas en el Consell, que hoy celebra un pleno.
El consell pide una aclaración de «algunos aspectos relativos a la redacción» porque en el borrador no queda claro «cómo va a quedar el panorama legislativo en relación al Plan Territorial y las normas urbanísticas de los ayuntamientos», ha detallado Rovira.
El conseller ha insistido en que la nueva Ley Turística puede afectar directamente a las competencias municipales «porque los ayuntamientos son los competentes en materia urbanística y eso se debe reflejar en la ley».
Rovira advierte de que el anteproyecto del Govern deja sin efecto el Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT) en las distintas zonas turísticas de Mallorca, algo que Rovira considera que «puede crear problemas en los municipios que ya han adaptado sus normas urbanísticas a esta ordenación».
El informe del Consell dice literalmente que «surge la duda de si el instrumento POOT deja de tener sentido y si en ese caso debería eliminarse de las Directrices de Ordenación del Territorio».
El documento discrepa del borrador del Govern y dice que «la mitad» de los municipios afectados ya han adaptado su normativa urbanística al POOT (Palma, Calvià, Andratx, Sóller, Pollença, Alcúdia, Muro, Artà y Ses Salines), lo que supone que 22 de las 43 zonas y subzonas turísticas lo han hecho.
También se han adaptado «110.231 de las 160.903 plazas hoteleras», el 68 % de todas las que se incluyen este instrumento de ordenación.
El informe también dice que, en relación a las actuaciones de inversión, rehabilitación y reconversión de zonas turísticas, el anteproyecto del Govern supondría «una regulación absolutamente divergente» a la establecida en la comunidad «en los últimos 25 años».
Advierte de que la propuesta de acometer esponjamientos para construir nuevos hoteles a cambio de que las parcelas que alojaban los antiguos pasen al sistema de espacios libres es «una buena idea» pero no se ha hecho ninguna operación de este tipo por ser «costoso compensar a los propietarios afectados».
El informe también pide aclaración sobre la influencia que puede tener sobre zonas verdes y equipamientos el cambio de uso de establecimientos turísticos a residencial.
Además considera que no es «procedente» exonerar de forma general de la necesidad de obtener la declaración de interés general para crear proyectos de agroturismo y advierte de que va contra la regulación autonómica.
Según Rovira, hay «determinadas cosas» en el anteproyecto de Ley Turística «que influyen directamente también sobre los planes o las normas que los ayuntamientos puedan redactar a nivel turístico y que pueden quedar al margen de esa reglamentación».
En este sentido, el Consell de Mallorca le ha pedido al Govern que determine «cómo evitar que los ayuntamientos queden al margen de la reglamentación turística o que el urbanismo municipal quede en paralelo a la nueva norma».
Rovira considera que las discrepancias que plantea el Consell de Mallorca tienen «más calado técnico y jurídico que político, por lo que se tienen que resolver».
Antes de elaborar el documento, el conseller insular se reunió con representantes del Govern para tratar esta cuestión y volverá a reunirse con ellos una vez se hayan analizado todas las alegaciones presentadas, incluido el informe del Consell de Mallorca, y de forma previa a la presentación del anteproyecto en el Parlament.
El informe del Consell pide al Govern que la norma distinga y precise mejor la diferencia entre ordenación y planificación turística.
El pleno del Consell ha rechazado una moción el PSM-IV-ExM que pedía la retirada del proyecto legislativa del Govern, pero ha aprobado por unanimidad solicitar al ejecutivo autonómico que publique en su página web el próximo texto de anteproyecto una vez añadidas las alegaciones y que lo haga en castellano y catalán.
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