Bartomeu Vicens

Bartomeu Vicens, durante el juicio. | J. TORRES

Víctor MalagónPalma de Mallorca09/02/12 0:00
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La Fiscalía ha rebajado su petición de prisión para Bartomeu Vicens en diez meses por premiar con 12.000 euros del Consell al matrimonio que le sirvió de testaferro en una empresa. El fiscal Juan Carrau dejó en tres años su petición de condena al admitir un atenuante dado que el ex diputado ha devuelto el dinero. No admite ningún beneficio penal para el acusado por reconocer los hechos en el juicio: «Su intervención fue poco colaboradora y parcial», señaló el fiscal quien recordó que Vicens se negó a responder a sus preguntas en el juicio.

El letrado de Vicens, Eduardo Valdivia cargó contra Carrau por no admitir la confesión de su defendido. Así, recordó que el fiscal sí admitió como muy cualificada la confesión de ‘La Paca' hace unos años en un delito de blanqueo de capitales: «¿Qué peor condición tienen estos acusados que Francisca Cortés Picazo?», se preguntó. Con todo, la principal opción de la defensa es que la Audiencia entienda que la malversación de Vicens es un delito continuado y que la pena por este caso quede incluída en la que le impuso el Supremo por unos hechos casi iguales. «Seis años de prisión por 24.000 euros son una desproporción grosera», señaló el letrado. Valdivia también reclamó que se aplique el atenuante de confesión a Alfredo Conde, el dueño de Studio Media, la sociedad que se recibió 12.000 euros del Consell para realizar una serie de programas de radio sobre patrimonio de Mallorca. Para justificar este dinero, la empresa entregó unos programas que ya se habían realizado y emitido en una emisora.

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«Perdón, cariño»

Conde, aprovechó el turno de última palabra para exculpara a su mujer, Elisabet Diéguez, también acusada: «Te pido perdón, cariño». La mujer está inculpada porque era ella quien aparecía como administradora de la empresa Metalumba, propiedad de Vicens e investigada en el ‘caso Son Oms'. La Fiscalía pide para cada uno de los dos una condena de un año y medio de prisión.

El ministerio público también mantiene la acusación contra el ex director general de Patrimonio del Consell, Josep Joan Mas, a quien pide un año y medio de prisión. Mas está acusado por haber realizado el informe que justificó el contrato. Su letrado, Jaime Campaner, sostuvo que se limitió a confiar en lo que le indicó su superior jerárquico, Bartomeu Vicens.