La Fiscalía pide un informe sobre el estado psíquico de Damià Vidal y se aplaza el juicio

Durante las últimas semanas las distintas partes han buscado un acuerdo. El principal escollo hasta el momento es la elevada petición a la que se enfrenta Vidal, de 14 años de prisión por delitos de cohecho, fraude, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas. El acusado ha admitido hasta el momento buena parte de los hechos y está dispuesto a asumirlos todos. No ocurre lo mismo con la calificación que hace el ministerio público y mucho menos con la pena. Uno de los argumentos jurídicos empleados hasta ahora por la defensa de Vidal es que como Bitel era sociedad anónima, aunque fuera de capital público, no se pueden aplicar los mismos delitos típicos de funcionarios de la Administración.

Otros acusados

En una situación diferente a la de Vidal se encuentran los otros cuatro acusados. De ellos, los empresarios Iván Guardia y Ramón de la Iglesia se enfrentan a condenas de un año y ocho meses, el ex alto cargo Sebastián Romaguera a nueve meses y Miquel Simonet a dos años. Ninguna de estas penas implicaría el ingreso obligatorio en prisión de estos acusados. Algunos de ellos, como Romaguera, ya han concordado en los escritos presentados por sus defensas la pena que solicita para ellos la Fiscalía. Este acusado, además ya ha consignado unos 140.000 euros en la cuenta del juzgados para devolver el dinero estafado por al trama.

Vidal está acusado de defraudar 699.342 euros de la empresa pública que dirigía en los cuatro años en los que estuvo al frente. Para ello utilizó distintos procedimientos. Entre ellos, el escrito de acusación de la Fiscalía describe que él mismo ordenaba que le ingresaran con la nómina distintos incentivos de hasta 12.000 euros.

Vidal también empleaba sin freno la tarjeta de crédito que tenía con cuenta a la empresa pública. Con ella pagó todo tipo de compras: comidas, viajes e incluso muebles. También sacaba directamente en el cajero. Con todo, el grueso del dinero proviene de las comisiones que cobraba para adjudicar contratos y por las adjudicaciones que se hacía a una empresa suya que administraba a través de un testaferro. Según el fiscal, Vidal llegó a hacer transferencias directas desde Bitel hasta esta empresa.