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La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de indultar al ex secretario general del Departament de Treball Josep Maria Servitje y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, empresario de UDC, ambos condenados a penas de prisión por el llamado 'cas Treball'en Catalunya ha generado polémica en Balears.

Servitje y Acuña habían sido condenados a cuatro años y medio y dos años y tres meses de cárcel, respectivamente, por malversación de caudales públicos y prevaricación, que ahora les han sido sustituidas por sendas multas de 3.600 euros.

El abogado Rafael Perea calificó la medida de «muy arriesgada» y subrayó que le causa «alarma».

«Sin ir más lejos, Eugenio Hidalgo está cumpliendo una pena de cárcel por transformar una caseta en un chalé y recuerdo que la Guardia Civil le detuvo en el ayuntamiento (de Andratx) con metralletas y medidas excepcionales. Ha sido un chivo expiatorio, y por eso opino que el indulto es una medida que me causa cierta alarma cuando no sigue un principio de igualdad».

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), cuya portavoz nacional es la fiscal balear María Moretó, expresó su «estupor» por la decisión del Gobierno, y añadió que va a provocar que los ciudadanos no duden de que «existen diferentes varas de medir a la hora de sancionar las conductas delictivas».

El juez decano de Palma, Francisco Martínez, por su parte, dijo que el indulto es una facultad del Ejecutivo central, y que como tal hay que respetarla. «No puedo valorar una decisión del Gobierno, sobre todo, si hay aspectos políticos en los cuales ni entro ni salgo», indicó.

El abogado y profesor de Derecho Procesal de la UIB, Jaime Campaner, afirmó que el indulto, «es una institución que corrige excesos punitivos para supuestos especialmente sangrantes, pero que se ha de utilizar con suma cautela».