Un informe de Hacienda vincula una sociedad creada en Palma con Al Qaeda

Según han confirmado a este diario fuentes judiciales, sobre los dos máximos responsables de esa sociedad, la brasileña Regina Da Costa y su compañero sentimental Nikolaus Gropper, de nacionalidad alemana, pesa una orden de búsqueda y captura dictada por la Interpol. Ambos fueron detenidos e interrogados en abril de 2007 imputados por un delito de blanqueo de capitales, pero huyeron poco después.

El piso de Portopí albergaba una red de sociedades 'pantalla' a través de las cuáles se desviaban gruesas sumas de dinero a paraísos fiscales.

Como 'gancho' para captar clientes, los dos prófugos promocionaban el negocio en internet con los nombres de conocidos abogados, principalmente del bufete Feliu y notarios mallorquines, entre ellos, Álvaro Delgado y Alberto Herrán, todos ellos imputados en algunas de las piezas separadas de la causa principal.

Fondos

El informe de Hacienda al que ha tenido acceso este diario señala que Regina Da Costa constituyó Bridge Global Investement en 2003 con un capital social de 3.000 euros, el mínimo exigido, y luego la traspasó a dos ciudadanos, uno libanés y otra saudí, quienes, a su vez, reciben fondos provenientes de Arabia Saudí que más tarde son transferidos a Chicago (Estados Unidos), Alemania y Suiza.

El capital transferido bajo el concepto de 'material quirúrgico' supera los 40 millones de euros a los que acceden Mohamad Qasim Al-Ghamdi, titular de la cuenta abierta en Estados Unidos, y Mohammad Abdallah Alghamdi, conocido como Abu Al-Tayyeb, ambos relacionados con actividades terroristas.

De hecho, en 2006, Al Ghamdi y Al-Tayyeb fueron detenidos en Arabia Saudí. Este último, según informaba el diario estadounidense Chicago Tribune (ver fotocopia en esta misma página), está relacionado con un ataque con sustancias tóxicas a ciudadanos estadounidenses, entre otros, manifestaciones terroristas.

El informe de la Agencia Tributaria recoge la dirección de la página web (http://articles.chicagotribune.com/2011-06-21/bussines/ct-met-terrorism-financing) con toda la información que vincula a Al Qaeda con el nido de sociedades creadas en el piso de Portopí.

La 'operación Relámpago' es investigada por el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, y varias de las piezas separadas han llegado al juicio oral, que han finalizado con diversas condenas para los acusados.

En las pesquisas relacionadas con el nido de sociedades creadas en Palma está imputado el notario Álvaro Delgado, ya que la principal sospechosa, huída de la justicia, lo incriminó al ser interrogada por el juez y el fiscal anticorrupción Juan Carrau. Delgado ha recurrido en dos ocasiones su condición de imputado, pero tanto el magistrado como la Audiencia de Palma el pasado mes de febrero, han rechazado esa petición, pese a que los indicios que se tienen contra él están apoyados por la declaración de una prófuga, es decir, tienen escasa o nula credibilidad.

Aviso

Fuentes judiciales afirman que Delgado, en su condición de notario, tenía que haber comunicado a las autoridades de prevención de blanqueo de capitales, la existencia de esa red de sociedades sospechosas, creadas con el único fin de defraudar, ya que no tenían actividad alguna, y no lo hizo, al menos en los plazos exigidos.

El conocido notario, no obstante, alega todo lo contrario y dice que sí avisó en su momento de la existencia de ese entremado societario.

El informe de Hacienda constituye una de las pruebas relevantes que tiene Anticorrupción para justificar las detenciones y registros practicados con el inicio de la 'operación Relámpago', entre ellos, el piso de porto Pì y el despacho de Delgado y Herrán.

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