En relación a los últimos acontecimientos y medidas adoptadas por el Govern de las Illes Balears que afectan a nuestro Sistema Público de Salud, nos vemos obligados, como acto de responsabilidad, a manifestar nuestro desacuerdo en la forma y en el fondo de la mayoría de las decisiones tomadas, que afectan al presente de nuestras instituciones sanitarias y que marcarán negativamente el futuro de la Sanidad de nuestra Comunidad.
El anuncio del cierre de dos hospitales históricos de Palma de Mallorca: el Hospital Joan March y el Hospital General, dedicados de forma mayoritaria a la atención de los enfermos en fase crónica y de larga estancia, va a constituir un hito en nuestra Autonomía y en el resto de España. No se ha valorado el impacto que puede representar sobre una población enferma que va en incremento por las tasas de mayor longevidad y su consecuente complejidad patológica. Tampoco se ha tenido en cuenta la repercusión directa a nivel de los hospitales de referencia y de enfermos agudos, con el incremento consecuente de las ya preocupantes y excesivas listas de espera y el agobio de los servicios de urgencias. El problema radica en que no existe, en el momento actual, una solución que palie la deriva de los pacientes de dichos centros a otros hospitales con capacidad inmediata de respuesta asistencial.
Consideramos una excusa la futura reforma del Materno-Infantil del Hospital Son Dureta prevista para dentro de unos años con este fin. Lo lógico hubiese sido primero adecuar estas últimas instalaciones antes del cierre de otros centros.
Es evidente que se ha tomado una actitud puramente economicista por la presión de la crisis bancaria-financiera y por el obligado cumplimento de las medidas de austeridad marcadas por el gobierno central, pero dudamos que éste haya aconsejado el cierre de centros como medida original y tan impopular. No eran necesarios tantos méritos. Quizás vayan a conseguir reducir temporalmente, pero de forma insignificante, el cómputo global del déficit para poder atender la presión de la deuda a proveedores.
Esta medida que se ha considerado “justa y necesaria”, por parte de dirigentes de nuestra Comunidad, puede resultar muy injusta e incluso torpemente innecesaria; pero que, sin duda, afectará al eslabón más débil de nuestra sociedad. Sin olvidarnos del daño irreparable para aquellos profesionales de los dos centros, con años de experiencia y ejemplar servicio, muchos de ellos destinados a incrementar la lista del paro.
En este y en otros aspectos que vamos a enumerar: el incremento del horario laboral a 37,5 horas, la limitación de la actividad de los centros de salud, la supresión de la prestación de atención sanitaria a grupos específicos de población, no se nos ha consultado ni solicitado la más mínima opinión a la hora de toma de decisiones y de formulación de soluciones. Nuestra colaboración ha sido “a posteriori”: hay que cumplir las órdenes y facilitar su aplicación. El diálogo se ha limitado a exponer el listado de nuevas y restrictivas medidas y a lo sumo permitir comentarios sin trascendencia alguna, ni sin posibilidad de modificarlas. Lo menos importante ha sido la opinión del profesional que dedica su actividad diaria a la labor asistencial sanitaria. Se nos deniegan derechos adquiridos, se nos recortan salarios, se nos incrementan horarios y se nos limita al máximo la opinión.
No sirve para nada haber encumbrado nuestra actividad hacia las metas de mayor exigencia profesional, ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Pero, aunque seamos conscientes de que nuestro actual modelo de salud requerirá profundos cambios estructurales para su futuro mantenimiento, y que estemos dispuestos a dar respuestas adecuadas una vez más y como siempre ha sido a lo largo de la historia, lamentamos se consideren innecesarios y obsoletos nuestros consejos por parte de las autoridades sanitarias y económicas, en la actual delicada situación de nuestro modelo de sanidad.
Por todos estos motivos solicitamos se suspendan estas medidas planteadas, con la intención de llevarlas a cabo a corto plazo de forma precipitada e inadecuada por la presión del momento. Siempre se podrá contar con nosotros para la consecución de un modelo más eficaz, pero no para participar en el derrumbe del sistema público de salud.
Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2012
2 comentarios
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Miquela lo fotut es que la Consellera es metge,axó ja et dona una idea del que es pot arribar a fer en quant alguns toquen càrrec, bon sou, moqueta i cotxe oficial, que una metge faci minvar greument la sanitat pública es per fer que s'ho miri, aquesta señora s'ha oblidat dels malalts i prefereix exercir de política, en lloc de defensar la seva profesió i no oblidar que degué fer el jurament hipocràtic, ella segur que sap de de les seves decisions de tancar hospital es poden produir greus consecuencies, no es juga amb duros es juga amb la vida i salut de les persones. Si a algun familiar meu li pasa alguna cosa per manca d'atenció la denúncia no sirà contra el profesionals que han de fer feina amb pocs medis, serà contra el responsables polítics, no servirà de res, emperó si tenen una mica de conciencia que ho duguin damunt total la seva puñetera vida, i que disfrutin del càrrec, sou i demés privilegis si poden. Amb la sanitat cap governant que sigui persona hi juga
El problema es que tots aquests que comanden tant a nivell autonòmic com nacional(regidors, consellers, ministres), no tenen ni idea ni estan mínimament preparats per a dur a terme qualsevol directriu del seu nomenament. El Conseller/a de Sanitat hauria de tenir coneixements dins l'àmbit sanitari (infermer/a, metge, etc) i estar assabentat dels problemes sanitaris i dels sanitaris. I que consti que jo només som una usuari més del servei sanitari públic, i ells i els seus familiars segurament no.