El parlamentario socialista Antoni DIéguez. | Joan Torres

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El parlamentario socialista y miembro de la Ejecutiva del PSIB, Antoni Diéguez, ha dicho este sábado que su formación interpondrá una querella criminal por prevaricación al Govern si descuenta «un solo céntimo de los emolumentos de los médicos».

Después de que el Govern anunciase que llevará ante la Fiscalía Anticorrupción al anterior Ejecutivo de Francesc Antich por entender que podría haber incurrido en los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación al no aplicar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que anulaba la concesión de unos complementos al personal facultativo de Baleares, Diéguez ha considerado que esta determinación responde a una venganza personal de Bauzá, quien, a raíz del pleno del pasado martes, pide a su Ejecutivo que le busquen «lo que sea» para desprestigiar al anterior Govern.

No obstante, Diéguez ha explicado que el acuerdo alcanzado entre la Conselleria de Salud y el Cemsatse durante la pasada legislatura no fue llevado a la Mesa Sectorial por lo que éste no se aplicó, y que fue el departamento de Vicenç Thomàs el que hizo una instrucción de nóminas en las que abordó los complementos retributivos.

La instrucción de nóminas es «aplicable»

Esta instrucción de nóminas, según ha detallado, no procede del acuerdo sindical y no fue recurrida por lo que se trata de un «acto administrativo firme y aplicable sin ningún problema». «La instrucción de nóminas no está afectada por ningún recurso y no se puede modificar», ha añadido.

Por todo ello, Diéguez ha considerado que el actual Govern «no puede tocar ni un solo céntimo de los médicos». Según su opinión, Bauzá ha lanzado una «ofensiva contra la oposición» y durante ésta ha «capturado rehenes».
«Ya que es una guerra y son daños colaterales», el PSIB «liberará» a estas «víctimas civiles» que son los médicos «y como les descuenten -los complementos- acabaremos en los tribunales». Además, Diéguez ha señalado que una vez que los «rehenes» estén «liberales, «hablaremos» con el Govern.

Creen que el Govern conocía la sentencia

Después de que el Govern de José Ramón Bauzá afirmase que conoce esta sentencia desde hace solo un mes y medio, el socialista ha considerado que esto es «radicalmente falso» puesto que la actual consellera de Salud, Carmen Castro, realizó durante la pasada legislatura, como encargada de Sanidad de la oposición, un seguimiento del anuncio de la huelga en el sector. Además, ha destacado que los servicios jurídicos de la Conselleria son actualmente los mismos que había con Thomàs.

No obstante, y en el caso de que el Govern desconociese esta sentencia, Diéguez se ha preguntado entonces por qué pagaron en la nómina del pasado mes estos complementos.

«Pagan porque las decisiones se toman justo después del martes pasado», ha respondido el mismo Diéguez, quien ha opinado que el hecho de haber sacado este tema a la luz es consecuencia de que en el pleno del Parlament del pasado martes Thomàs manifestase que Bauzá continuaría teniendo la farmacia debido a las elevadas hipotecas que debía abonar mensualmente.

Intrucciones para busca «cualquier asunto» para perjudicar al Govern de Antich

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Según ha dicho, fue Bauzá el que dio «instrucciones políticas de que se buscase cualquier asunto que pudiese perjudicar al Govern anterior», una conducta que, ha añadido, «ya veremos si es constitutiva de algún tipo de delito».

Además, el parlamentario del PSIB ha considerado que Bauzá, «por medio de Fons -el jefe del Gabinete de la Presidencia, Javier Fons- y con la colaboración de Perelló -la abogada de la Comunidad Autónoma -Antònia Perelló-» llegó a la conclusión de que prepararían «informes para denunciar y desprestigiar a Thomàs. La decisión no se toma en el Consell de Govern, están las actas para demostrarlo», ha añadido.

Diéguez, quien ha tildado de «lamentable» que, según su opinión, esta determinación se haya adoptado por la «inquina de Bauzá», ha asegurado que no tendrá las consecuencias que «se predican por parte del Govern».
Según ha detallado el socialista, la Conselleria dirigida por Thomàs negoció con Cemsatse puesto que era el sindicato convocante de la huelga y el acuerdo que alcanzó con éste era necesario llevarlo a la Mesa Sectorial para que tuviese validez. No obstante, ésta no se reunió porque no asistieron los otros sindicatos y, de esta forma, «ese acuerdo decae y se acabó», ha zanjado.

Fue, por otra parte, la propia Conselleria la que decidió elaborar una instrucción de nóminas a raíz de que las condiciones de cobro de los facultativos en Baleares eran de las más bajas del país. En cualquier caso, esta instrucción no fue recurrida y, por tanto, es «aplicable».

«Se han metido en un lío»

«El Govern se ha metido en un considerable lío. No puede tocar ni un solo céntimo de los médicos. Es una guerra entre Govern y oposición, el Govern está en una situación especialmente delicada», ha remarcado. Según ha entendido el socialista, el Ejecutivo de Bauzá ha querido lanzar una «ofensiva» contra el PSIB y, para ello, ha capturado a «rehenes» que, en este caso, son los médicos.

Según su opinión, el actual Ejecutivo ha llevado «demasiado lejos» esta «guerra» contra la oposición.

«Hablaremos en los tribunales si es lo que quieren, pero si tocan un céntimo del dinero de los médicos tendrá una querella criminal por prevaricación contra la autoridad que lo interponga».

«Esta columpiada del Govern va a ser de las que puede hacer eco», ha manifestado Diéguez antes de remarcar que su formación «en absoluto» está preocupada por la remisión a Fiscalía del informe sobre la sentencia puesto «quien lo tiene que estar es el Govern porque se ha metido en un lío en sanidad y ya hay una huelga anunciada».

En cualquier caso, no ha culpado a Castro de esta situación porque, aunque «sería muy fácil pedir su dimisión, no está en esta guerra, le han pasado por encima. Es una decisión personal de Bauzá».

«Arma de presión»con los médicos

Finalmente, Diéguez ha apuntado la posibilidad de que el Govern plantee la devolución de los complementos que los médicos comenzaron a recibir a mediados de 2008 para «forzar» a los facultativos «a negociar determinadas condiciones laborales a la baja». Asimismo, posteriormente ha matizado que es un «arma de negociación» y «de presión» del Govern a la hora de negociar con los facultativos.