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El PSM-IV-ExM ha presentado hoy una moción en el Consell de Mallorca que propone que los ayuntamientos de la isla realicen de manera inmediata consultas populares en las que se plantee a los ciudadanos si están de acuerdo con la importación de residuos de fuera para su incineración en la planta de Son Reus.


La moción consta de tres puntos, en el tercero de los cuales se pide que los ciudadanos opinen sobre la propuesta del equipo de gobierno del Consell de Mallorca, que ha generado una «gran alarma en la sociedad mallorquina», según se recoge en esta iniciativa.

En el primer punto, el pleno del Consell de Mallorca insta al departamento de Medio Ambiente a iniciar con urgencia la revisión y el replanteamiento del contrato con la empresa privada TIRME, concesionaria de planta incineradora, para ajustar los ingresos de ésta al volumen real de residuos originados en Mallorca que hay que tratar.

En el segundo se solicita al referido departamento que revise el Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos Urbanos de Mallorca, con el objetivo estratégico fundamental de minimizar la incineración, eliminar cualquier tipo de vertederos y potenciar aún más las políticas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
La moción ha sido presentada hoy por el portavoz de este grupo en el Consell de Mallorca, Joan Font, que se ha referido a la «gran alarma» que se ha creado en la sociedad mallorquina ante la propuesta de importar desde varios lugares de Europa hasta 200.000 toneladas anuales de basura para su incineración y producción de energía eléctrica en Son Reus.

En el escrito se indica también que la consellera insular de Medio Ambiente, Catalina Soler, argumenta que con esta medida se equilibraría el déficit tarifario y se haría rentable la instalación ampliada de la empresa concesionaria TIRME, lo que evitaría tener que subir la tasa correspondiente a los ciudadanos.

«De esta forma -ha dicho Font- se pretende poner la administración pública al servicio de los intereses privados y se quiere penalizar, ya sea por la vía impositiva o por la del deterioro medioambiental, los esfuerzos de municipios y personas para reducir el volumen de residuos destinados a la incineración».
El Consell, ha defendido el portavoz, debe priorizar la defensa del bien común por encima de los intereses privados y, además, en este caso, debe adoptar medidas coherentes con un modelo sostenible de gestión de residuos en línea con lo que marcan las directrices europeas y el vigente Plan Director Sectorial de Residuos Urbanos de Mallorca (PDSRUM), que prohíbe explícitamente la importación de residuos de fuera de Baleares para incinerar en Mallorca.

Por ello, es «inaceptable» un incremento de las tasas que deben pagar los ciudadanos y también lo es la importación, transporte e incineración de residuos sólidos procedentes del exterior. «Son dos alternativas que se presentan, de manera falaz, como únicas posibilidades», ha aseverado Font.

Para el grupo econacionalista, tan importante es la actual problemática económica y social, como proteger la salud, la calidad medioambiental de la isla y la imagen exterior de Mallorca, ya que «los daños al sensible sector económico turístico serán seguramente superiores a los hipotéticos beneficios de la importación e incineración de residuos», ha dicho el portavoz.