El Govern ha acusado hoy a los diputados Vicenç Thomàs y Antoni Diéguez del PSIB, y a Fina Santiago del PSM-IV-ExM, de «presionar» a funcionarios para que les entreguen el informe referido a la compatibilidad de José Ramón Bauzá como presidente de Baleares y sus negocios personales.
En un comunicado de la Conselleria de Administraciones Públicas se informa de que los tres políticos se han personado a primera hora de esta mañana en la sede de la Dirección General de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios.
Los diputados -se asegura en la nota- han «exigido» ver el informe reservado sobre la denuncia presentada por sus grupos parlamentarios en relación a la presunta incompatibilidad del presidente del Govern.
Tras ser recibidos por funcionarios de esta conselleria, han «insistido» en ver este dictamen, si bien desde el departamento jurídico se les ha transmitido que, «como ellos ya saben», este documento forma parte de un procedimiento reservado y , por tanto, no está a su disposición.
«En este sentido, Thomàs, Diéguez y Santiago han querido hacer valer su condición de parte interesada en el proceso para poder ver el informe», lo que sido rebatido y negado por los servicios jurídicos al entender que no son parte «interesada» sino «denunciante», conforme lo establece la Ley de Régimen Jurídico Administrativo, se explica en el comunicado.
La parte «denunciante», recuerda la conselleria, no puede acceder a un documento reservado.
Finalmente, la dirección general de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios les ha informado que hoy mismo recibirán la comunicación oficial de archivo de este proceso, después de que así lo acordara el Consell de Govern el pasado 19 de octubre.
Según la Ley de Régimen Jurídico y Administrativo, la parte denunciante debe estar informada de los trámites de inicio y de final de la denuncia.
El referido informe ha sido realizado por dos jefes de departamento de la dirección general de Función Pública, Administraciones públicas y Calidad de Servicios, y responde a la solicitud de la oposición para que se pronunciara sobre si el presidente había vulnerado la Ley de Incompatibilidades al no declarar como una actividad empresarial la propiedad de la farmacia que tiene en Es Pont d'Inca Nou (Marratxí) y participar en dos empresas más, una enoteca y otra dedicada al suministro de material farmacéutico.
Tal y como informó el Govern hace unos días, el informe avala la compatibilidad del presidente autonómico.
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