Ramón Salas, explicando la situación de la discapacidad. | M. À. Cañellas

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Ramón Salas (Barcelona, 1949) es el presidente del Comité de Entidades de Personas con Discapadidad (CERMI) Balears y de la Coordinadora Federació Balear de Persones amb Discapacitat, parapléjico por lesión medular irreversible, defiende los intereses de las personas con discapacidad de las Islas y reivindica una mayor sensibilidad y agilidad en los pagos a las administraciones.

—Usted acudió el pasado día 2 a la marcha ‘SOS discapacidad' que se celebró en Madrid. ¿Cómo está afectando al sector de la discapacidad la actual crisis económica?
—La crisis nos está afectando mucho. En la marcha de Madrid quedó claro que somos muchas las personas que levantamos nuestra voz en defensa de los discapacitados. Participamos entre 50.000 y 90.000 personas, unos 300 autobuses llegados de distintos puntos de España y unas 20 personas de Balears, nosotros éramos menos porque nos cuesta mucho más desplazarnos hasta la Península. En la manifestación quedó claro que las políticas actuales suponen un retroceso en los derechos adquiridos en los últimos 30 años.

—¿Cuánto dinero deben las administraciones al sector de la discapacidad?
—La ministra de Sanidad, Ana Mato, reconoció hace unos días al presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, que la deuda de todas las administraciones con nuestro sector es de unos 300 millones de euros a nivel de todo el Estado. Si hacemos una extrapolación de los datos estatales en relación al número de habitantes de Balears nos correspondería una deuda de aproximadamente 7 millones de euros, pero no es así, nos deben el doble, entre 14 y 15 millones de euros. Lo que quiere decir que estamos doblemente peor que la media del Estado.

—Con esta importante deuda, ¿cuál es la situación de Balears?
—Nuestra situación es muy difícil. Al sector de la discapacidad, a cifras de 31 de octubre, nos deben alrededor de 14 o 15 millones de euros. Si hablamos del tercer sector, que no sólo engloba a la discapacidad sino también a las ONG que trabajan el mundo de la exclusión social, la cifra se dispara a 28 millones de euros. Son cifras brutales porque estamos hablando de muchas asociaciones pequeñas con muchas dificultades para subsistir. Además, hay que tener en cuenta que esta deuda se está acumulando, en algunos casos, desde el año 2009, con los problemas que ello conlleva para algunas asociaciones que ya han despedido personal y han tenido que suprimir servicios, y si hacen alguna actividad la realizan todas con voluntarios porque no se pueden permitir ni un solo gasto.

—¿Qué Administración es la que les debe más dinero?
—Nos debe dinero el Govern, el Consell y los ayuntamientos. Todas nos deben dinero y el retraso en los pagos es más o menos parecido. Las deudas son en función de los distintos programas que llevamos a cabo, desde inserción laboral, refuerzo educativo, formación.
—¿Y cómo están sobreviviendo a ésta situación?
—Cada día es más difícil. Los bancos ya no nos fían. Hemos hecho pólizas de crédito, confirming y todas las formas posibles de financiación, pero ahora ya nos dicen que no hay ni un duro más. Estamos en una situación muy apurada.

—¿Se han tenido que despedir a muchos trabajadores?
—Todo el mundo está intentando resistir. No tenemos cuantificados los despedidos, pero ha habido y si la situación no mejora habrá muchos más. Nos preocupa el personal que trabaja con nosotros, pero lo que más nos preocupan son los usuarios, la posibilidad de dejar de atender a estas personas. Lo que nos cuesta más es cerrar servicios. Si cerramos los usuarios se van a sus casas y se quedan sin refuerzo ocupacional, sin apoyo para insertarse laboralmente en una empresa. Lo que las administraciones no tiene que olvidar es que nosotros estamos realizando una serie de trabajos y programas que son responsabilidad suya.

—¿Cuántas federaciones integran el CERMI en Balears?
—Nosotros representamos a un 80 % del sector de la discapaciad. El CERMI está integrado por seis federaciones que agrupan a 57 entidades sociales. Atendemos anualmente cerca de 7.500 personas con discapacidad, gracias al trabajo de 2.200 profesionales y con un presupuesto total de más de 100 millones de euros.

—El martes el Parlament apoyó por unanimidad una declaración institucional a favor de las personas con discapacidad a propuesta del CERMI Balears.
—Así es. Estamos satisfechos de que se haya aprobado por unanimidad.

—El president Bauzá pidió disculpas por la deuda, ¿qué le parece?
—Me parece fantástico que pida disculpas, como mínimo reconoce el retraso en los pagos. Pero, aparte de pedir disculpas, tiene que dar pasos para ponerse al día o intentar priorizar los pagos. No basta con que pida disculpas.