La crisis económica ha disparado el número de litigios entre trabajadores y empresarios en Balears. En la imagen, una cola de parados en Palma. g Foto: S.A. | S.A.

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Los seis jueces de los Juzgados de lo Social de Palma (4), Menorca (1) y Eivissa (1) dictaron en 2012 un total de 1.750 sentencias favorables a los trabajadores en sus respectivos litigios con las empresas, según refleja la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las indemnizaciones abonadas el pasado año ascendieron a 23,1 millones, frente a los 19,5 abonados en 2011, con un incremento del 18,4 por ciento.

Las sentencias favorables a los trabajadores en 2012 fueron 1.750, y las desfavorable 554. Por conciliación se firmaron 1.150 acuerdos económicos.

La crisis ha incrementado la carga de asuntos en los juzgados de lo Social de Balears y miles de demandas esperan su turno para su resolución.

Cuando los retrasos superan los sesenta días desde que se instó la demanda hasta que se publica la sentencia, el Estado tiene la obligación de pagar los salarios de tramitación al trabajador despedido.

Desempleo

Durante todo ese periodo de tiempo, la empresa debe mantener la alta del trabajador en la Seguridad Social, aunque no puede percibir ayudas por desempleo. Por tanto, a mayor demora, mayor dinero tienen que pagar las arcas públicas por indemnizaciones.

La media de indemnización cobrada por los trabajadores que llegaron a juicio en 2012, ascendió a unos 14.500 euros, aunque fuentes judiciales explicaron a este diario que esa cifra solo refleja una realidad matemática, en ningún caso cien por cien real. La razón estriba en los pleitos ganados por ejecutivos con sueldos muy altos, que desvirtúan, en parte, ese cálculo.

Según los datos estadísticos del sector, entre los años 2007 y 2011, el aumento porcentual de los procedimientos de despido ha sido un 614 %; el incremento en los procedimientos de reclamación de cantidades de salarios, diferencias y, entre otros, impago de nóminas, supuso un 566 % más; y en materia de Seguridad Social (incapacidades permanentes y temporales y jubilaciones), de 540 procedimientos que hubo en 2007 se ha pasado a 1. 320 en 2012.