En el conjunto del territorio, las comunidades autónomas habían cerrado en octubre de 2012 o habían iniciado el cierre del 90,85 por ciento de las empresas públicas que se comprometieron a eliminar entre 2011 y 2012, es decir, 477 de las 525 sociedades autonómicas.
En concreto, hasta ese mes se habían extinguido 229 empresas y otras 248 se encontraban en fase de extinción. Además, los gobiernos regionales han reestructurado otras 161 entidades en un compromiso adicional al de eliminación de empresas.
En cuanto a esas 248 sociedades en proceso de extinción a 1 de octubre, Hacienda ha informado de que después de esa fecha se habían cerrado ya 91, otras 59 se encuentran en proceso de disolución o liquidación y las 98 restantes han cesado ya su actividad.
Este proceso de cierre de 525 entidades ahorrará, según los datos del ministerio, unos 1.500 millones de euros: 414, 8 en 2011, 669 millones en 2012 y 421,5 millones en 2013, con una reducción de personal de 5.863 personas, un coste de 130 millones de euros anuales.
En el informe presentado por Hacienda sobre la reducción del sector público autonómico se añade que estas entidades que van a desaparecer emplean en total a 25.580 personas y gestionan 6.810 millones.
Hacienda y comunidades se comprometieron en 2010 a elaborar un plan para racionalizar el gasto público; el año pasado, ante la profundidad de la crisis, se comprometieron a acelerar el proceso de cierre de empresas públicas y concluirlo el 31 de diciembre del año pasado.
Por comunidades autónomas
Por comunidades, y siempre con datos recogidos hasta el 1 de octubre de 2012, Andalucía ha eliminado 17 de las 111 empresas comprometidas y tiene otras 96 en proceso de cierre; Aragón ha creado dos empresas, pero se ha comprometido a eliminar 16, de las que 8 están en trámite de desaparecer.
Asturias ha cerrado 3; Baleares, 14 de 93 comprometidas, mientras 79 están en fase de extinción; Canarias, ha cerrado 7 y otra más lo hará próximamente; Cantabria ha cerrado 13 y tiene otras tres en proceso de liquidación; Castilla y León ha eliminado 3 y tramita el cierre de otras 4; Castilla-La Mancha ha liquidado 32 y otras 5 están en ello, de las 48 previstas; Cataluña ha eliminado ya 24 y ha puesto en marcha los trámites de otras 17, de las 67 que previó cerrar.
Extremadura ha liquidado 9 empresas de 12 comprometidas; Galicia ha cerrado 38 y está haciendo lo propio con otras 7, de 46 comprometidas; Madrid ha hecho lo mismo con 14 sociedades de 25 que tiene previsto liquidar, mientas 5 están ya en proceso; Murcia ha suprimido ya 18 entidades y tiene 9 en fase de extinción, de 49 comprometidas; y Navarra ha extinguido 23 de 26 previstas.
Por último, La Rioja ha eliminado 4 organismos autonómicos y la Comunidad Valenciana 13 de los 22 comprometidos, además de otros 14 que están ya en fase de extinción.
1 comentario
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
No sembla creedor que les Balears necessitasin 93 empresses públiques. Aquesta proliferació pot ser una font de males práctiques: tarjetes de crèdit, manca de control democràtic, abús de l'endeutament, contractacions discrecionals, etc.