Joana Lluïsa Mascaró bajando la rampa de acceso a los juzgados. | Pere Bota

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La exconsellera del Cultura del Consell, Joana Lluïsa Mascaró defendió ante la juez que sólo autorizó un contrato menor a la asociación Pas el Camí. La exdiputada, que dimitió tras ser imputada la semana pasada, está investigada por el supuesto desvío de 60.000 euros de fondos públicos a la asociación a través de contratos y subvenciones por trabajos que no se realizaron o que se facturaron de forma duplicada.


Mascaró explicó a la magistrada que varios responsables de la asociación -entre los que no incluye a Emili Gallardo, que ha estado preso por esta causa- le presentaron el proyecto en 2008. Se trataba de realizar una guía online de la Serra. Señaló que le pareció un proyecto interesante por poder consultar los datos a través de tabletas y porque se iba a hablar con la gente de los pueblos para conseguir la información. Así, indicó que ella asumió la decisión política de contratar con ellos. Sin embargo, lo que le plantearon implicaba un coste mayor al que podía asumir entonces la Consellería y que, por eso ella propuso contratar por 18.000 euros, la cuantía permitida para un contrato menor. «Se quedó en que ya se vería lo que ocurría en otros años porque suponían que los presupuestos serían menores». En esa línea, señaló que ella dejó el Consell en el año 2009 y que desconoce lo que ocurrió después con el contrato, si se comprobó o no si se había hecho y cómo se produjo el pago de la factura. Esa labor correspondió a su sucesor, Joan Font. Eso sí, señaló que ella misma había visto la página web unos días antes.

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Sobre la posible duplicidad de contratos y que pagaran por el mismo trabajo el Consell y el Inestur, aseguró desconocer esta posibilidad dado que no se cruzan estos datos. El letrado de Gallardo, Alberto García tuvo un rifirrafe con el fiscal, Miguel Ángel Subirán, cuando este preguntó a Mascaró si sabía que los mismos contenidos estaban en otras webs.
Además de Mascaró declararon su exjefe de gabinete, Magí Moranta y el asesor técnico Joan Serra, ambos como imputados. El primero se desvinculó de la adjudicación y ambos delegaron la responsabilidad de la contratación en la consellera.

Varios testigos que declararon por la mañana, todos ellos funcionarios del Consell, aseguraron que no les constan elementos de que alguien haya introducido documentación en el archivo para intentar cubrir estos expedientes.